La Unidad Fiscal de La Plata pidió que sean indagados el represor Miguel Etchecolatz, y el ex ministro de Gobierno de la dictadura, Jaime Smart, entre otros, imputados por delitos sexuales en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención “El Infierno”, que funcionó en la sede de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en el partido bonaerense de Avellaneda.
El pedido fue formulado por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y por el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de la investigación de la mayoría de los centros clandestinos que formaron parte del “circuito Camps”, denominado así por el nombre del ex coronel Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense entre 1976 y 1977.
La imputación es por delitos sexuales sufridos por dos mujeres y un hombre, ambos sobrevivientes, y alcanza, además del ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz y a Smart, al ex subjefe de la Policía bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos; los ex comisarios Juan Miguel Wolk y Bruno Trevisan; y el entonces jefe de la guardia, Horacio Luis Castillo.
En el pedido, los representantes del Ministerio Público consideraron que con los testimonios de las víctimas y de otras sobrevivientes existen suficientes elementos para llamar a los imputados a declarar en el marco de una indagatoria por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (violación), en el caso de una mujer, y abuso deshonesto, tal la tipificación del Código Penal al momento de los hechos, por las otras dos víctimas.
“Las lesiones a la integridad que padecieron las víctimas, fueron perpetradas en función del propio contexto concentracionario por ellas vivido, en una realidad que se encontraba atravesada por situaciones de vulnerabilidad arraigadas en el género y el propio encierro clandestino”, indicaron Molina, Schapiro y Nogueira en el escrito que reproduce el sitio Fiscales.gob.ar.
Y agregaron que los testimonios de las víctimas en especial en la última etapa de los juicios por delitos de lesa humanidad “revelan con elocuencia que los actos contra la integridad sexual y las violaciones fueron una práctica habitual y sistemática en los CCD, conformando un mecanismo o modalidad utilizado para humillar y anular la personalidad de las aquéllas”.
La imputación se suma a la solicitada hace pocos días contra cuarenta imputados en el juicio que se lleva adelante por crímenes en la ex ESMA y a la causa que investiga delitos de lesa humanidad en Mansión Seré y otros centros clandestinos de la zona oeste, donde el Tribunal Oral Federal de San Martín amplió la acusación contra tres ex brigadieres que están siendo juzgados.
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