Indagarán a D´Elía por la toma de la comisaría de La Boca

Indagarán a D´Elía por la toma de la comisaría de La Boca
Su situación se complica; también citaron a dos piqueteros, a Quantín y al fiscal Campagnoli
Por primera vez desde que copó la comisaría 24a. de La Boca, hace 5 años, el ex funcionario y dirigente piquetero Luis D?Elía deberá dar explicaciones ante la Justicia por la toma de la seccional policial: fue citado a prestar declaración indagatoria, junto con otros dos dirigentes sociales. Su situación judicial podría complicarse, dijeron fuentes tribunalicias. También fueron convocados el entonces secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y su segundo, el fiscal José María Campagnoli.

D?Elía encabezó la ocupación de la comisaría 24ª de La Boca para reclamar la detención de Juan Carlos Duarte, un supuesto informante de la policía que estaba sospechado de haber asesinado a Martín Cisneros, "El Oso", un militante de su agrupación, la Federación Tierra y Vivienda (FTV). Duarte después fue detenido y condenado a 14 años de prisión, y enfrenta otras causas por abuso sexual, robo y hasta por intentar matar a una persona. D´Elía reivindicó la toma de la comisaría al señalar que estaba "orgulloso" del copamiento, porque dijo que había evitado "una masacre".

El juez Sergio Torres ordenó los llamados a indagatoria a instancias del fiscal Luis Comparatore, que entiende que D´Elía debe responder por 11 hechos que podrían configurar graves delitos. Ellos van desde daños, usurpación o lesiones hasta otros más graves, como privación ilegal de la libertad de los policías y otras personas que se encontraban esa noche en la comisaría. Le podrían corresponder hasta 10 años de cárcel, en caso de ser condenado.

Además, los fiscales acusaron a otros 36 piqueteros que participaron de la toma de la comisaría. Aún no se ordenó su indagatoria, porque si bien están identificados, no se precisó cómo actuó cada uno de ellos en la madrugada del 25 de junio de 2004, cuando los piqueteros tomaron la seccional.

El caso, que desde hace tres años se tramita en el juzgado de Torres, estuvo parado hasta ahora. Primero por los fueros parlamentarios de los que gozaba D´Elía cuando era diputado provincial. Además, se encuentra eximido de prisión, por lo que podrá declarar sin correr el riesgo de quedar detenido. Luego, el expediente se paralizó por la inmunidad que benefició a Quantín, mientras era fiscal de cámara, y a Campagnoli, aún con fueros como fiscal.

En cinco años, el único procesado es el entonces titular de la comisaría, comisario Cayetano Greco. El jefe policial, que no estaba esa noche en la seccional, acusó a Quantín y a Campagnoli de haberles impedido recuperar la comisaría, pese a que había sido autorizado para ello por la jueza María Angélica Crotto. La magistrada denunció luego a los entonces colaboradores del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz.

La polémica entre los funcionarios y la jueza derivó en que ambos estén siendo investigados por el supuesto delito de desobediencia.

D´Elía abandonó la comisaría junto con sus seguidores recién cuando fue notificado de que otro juez, esta vez el federal Norberto Oyarbide, había ordenado detener a Duarte por el crimen de Cisneros.

El juez Torres consideró ahora que existe un "grado de sospecha necesario para escuchar" en indagatoria a D´Elía y a dos de sus compañeros de militancia: al entonces presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Angel Borillo, y a Luis Bordón -padre del joven asesinado Sebastián Bordón-, que también se atrincheró en la seccional. El calendario de declaraciones incluye a D´Elía para el 7 de septiembre, a Quantín y a Campagnoli, para el 8 y el 9 de septiembre, respectivamente, y al resto de los piqueteros para el 10.

Para el juez Torres los imputados "desalojaron violentamente a los efectivos policiales allí emplazados, realizaron actos violentos y daños en el interior e impidieron el egreso de civiles que allí se encontraban".

Mientras tanto, los entonces funcionarios recurrieron a "vías de acción autónomas" y "provocaron la intervención de un magistrado distinto del que originariamente tenía a su cargo la instrucción, ocultándole al nuevo juez las órdenes recibidas por el juez natural", dijo el magistrado.

Según Quantín, hubo destrozos en la seccional y una mujer embarazada habría sido retenida allí por los ocupantes cuando se disponía a presentar una denuncia, mientras que de la comisaría desaparecieron objetos de valor. Quantín dijo anoche a LA NACION que no sabe de qué delito lo acusan. Y explicó que había cumplido la orden judicial de desalojar la comisaría, tras una negociación: "La comisaría fue desalojada sin que nadie resultara muerto ni herido. Yo no hablé con Oyarbide para recurrir a él", explicó.

D´Elía, por su parte, insistió en que esta causa es política, y a través de su abogado Adrián Albor dijo que la toma fue un "enérgico reclamo de justicia", porque la policía "corrupta" no quería detener al asesino de Cisneros.

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