El fiscal platense Álvaro Garganta le tomará hoy declaración indagatoria al exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, conocido como “El hombre del dragón”, luego de que el 14 de septiembre le secuestraran un monumento de hierro con la forma de esa criatura alada en su casa ubicada en el country Abril de la localidad bonaerense de Hudson, en cuyo interior tenía una caja fuerte de gran tamaño.

Carbone y su exjefe, el entonces titular de la Jefatura de Gabinete, Alberto Pérez, están imputados por el delito de lavado de activos, luego de una denuncia radicada en junio pasado por la legisladora Elisa Carrió, la que brindó con acabados detalles cómo, durante el gobierno de Daniel Scioli, se realizaron millonarios fraudes con distintas “cajas” de la administración estatal. “Hubo una estructura ilícita de vaciamiento efectuado en diversas reparticiones”, explicó Carrió, por lo que se inició una intensa y compleja investigación.

Respecto de Walter Carbone, el fiscal Garganta tiene una suma de elementos que lo complican. El exsubsecretario fue el que se benefició con el cobro en efectivo de más de $10.700.000 durante 2014 y 2015, luego de órdenes de pago avaladas por Alberto Pérez en 25 expedientes respaldados con facturas apócrifas.

Garganta también quiere saber porqué, apenas unos días después de hacerse de dos de las órdenes de pago extrapresupuestarias, el imputado efectuó una extracción bancaria en efectivo, desde su cuenta bancaria personal, cuyo monto, $608.000, mantiene una relación de equivalencia con el otorgado en las órdenes de pago por $600.000.

Sobre “El hombre del dragón” pesa, además, la firme sospecha de que era el responsable de conformar todas y cada una de las boletas que se constataron luego como truchas. Para el fiscal es inadmisible que Carbone ignorase que las facturas presentadas incumplían con las exigencias mínimas de la AFIP, como la determinación de los precios unitarios. 

Cabe detallar que la Resolución General 1.415 de la AFIP, dispone las siguientes exigencias para la conformación de facturas: “a) Descripción que permita identificar el bien vendido, el servicio prestado, la cosa, obra o servicio locado, o el trabajo efectuado. (…) b) Cantidad de los bienes enajenados. c) Precios unitarios y totales. d) En los casos de operaciones realizadas en moneda extranjera se consignará en el comprobante que se emita el tipo de cambio utilizado. e) Todo otro concepto que incida cuantitativamente en el importe total de la operación”.

Sin embargo, la investigación de la UFI nº 11 comprobó que las facturas de respaldo de los más de $10.700.000, no cumplían normas aprobadas. Además, el auditor delegado del Tribunal de Cuentas en 2014 y 2015 observó que “en todos los casos se hallaron facturas por montos globales sin precios unitarios ni cantidades, por lo cual no se pudo verificar la razonabilidad de los precios contratados”. 

Corrupción sistemática

Garganta advirtió que hasta el momento se constataron como apócrifas 108 facturas presentadas entre 2014/2015, cantidad que denota el carácter sistemático de la maniobra. No pasó desapercibido que en todos los eventos se estimaba gastar cifras “redondas” y exactas, y en coincidencia con ello, las facturas luego presentadas por el funcionario, coincidían plenamente con ese número previsto a gastar.

Otra cuestión que complica a Carbone es el hallazgo en su domicilio del country Abril, barrio Las Araucarias, casa 46, de una caja de seguridad encubierta en una obra de arte, en tanto ello denota un manejo de dinero en efectivo incompatible con el de una vivienda familiar, y del sueldo de un empleado público con el cargo que el mismo ostentaba. 

La treta del “anticipo para gastos”

La piedra angular de las maniobras corruptas en la exjefatura de Gabinete en el marco de los 25 expedientes que avalaron el cobro en efectivo de más de $10.700.000 se fundó en una artimaña jurídica ilegal: el pago mediante la treta de “anticipo para gastos”.

Fue así que el exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, firmó todos y cada uno de los expedientes y habilitó el pago en efectivo a su mano derecha, Walter Carbone. Y de esa manera evitó los controles del reglamento de contrataciones del Estado y del régimen provincial de pagos a proveedores.

En la causa judicial figura que el pago de las facturas truchas nunca fueron libradas a los proveedores sino a Carbone, lo que permitió un manejo discrecional y una apropiación de esos fondos millonarios.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, en las 25 órdenes de pago de 108 facturas truchas se detectaron varias empresas fantasmas y boletas clonadas.

Otra cuestión irregular que se detalla en la causa: por Resolución 723, Alberto Pérez autorizó un gasto extrapresupuestario por $1.050.000, para el evento “Mesa de diálogo político en el marco del perío­do electoral que se avecina”, lo que evidenció sin más, un rasgo característico de todos los eventos en los que se hallaron facturaciones apócrifas, esto es, la ausencia total de parámetros precisos que indiquen, la fecha concreta de realización, el o los lugares en donde se iba a desarrollar, a qué público iba a estar destinado, quién iba asistir a esa evento, etc., es decir aquellos indicadores que permitan estimar la proporcionalidad del evento con el gasto autorizado.

Los siete imputados de la causa

La causa por lavado de activos en la exjefatura de Gabinete tiene siete imputados: el extitular, Alberto Pérez, el exsubsecretario de Administración, Walter Carbone, la exdirectora general de administración, Sandra Mamberti, y las contadoras fiscales delegadas de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.

Además, fueron citados a indagatoria por la UFI nº 11 de La Plata el exdirector de Contabilidad de la Jefatura de Gabinete, Cayo Ortiz Almaday el extitular del departamento de Liquidación de Gastos, Alejandro Omar Moretti.