La Justicia Federal de Santa Rosa comenzará a indagar desde hoy a los represores pampeanos por delitos sexuales a prisioneras políticas durante la dictadura militar en el marco de la causa denominada "Subzona 14 II", que investiga crímenes de lesa humanidad en la provincia entre 1975 y 1983. De esta manera, los abusos a mujeres perpetrados por los integrantes del grupo de tareas provincial serán considerados aparte de los cargos de genocidio, asociación ilícita, tormentos y torturas por los que están acusados. Por una cuestión de preservar la intimidad de las víctimas, no se publicarán sus identidades.

En la jornada está previsto que empiecen a tomarle indagatorias al ex coronel Luis Baraldini, a los oficiales del Ejército Néstor Greppi, Carlos Sabbatini y Jorge Omar De Bártolo; y a los ex comisarios de la Policía provincial Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart.

El abogado Franco Catalani, querellante en la causa en representación de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y otras víctimas, indicó a LA ARENA que "la tramitación de la causa ha cobrado un nuevo giro y un nuevo impulso a partir de distintos episodios que se han registrado a lo largo de los últimos meses".

Otro tipo de delito.

Catalani explicó que el año pasado, la fiscalía federal y un grupo de querellantes solicitaron al Juzgado Federal que calificara ciertos hechos como "abusos sexuales de distinto tipo" en forma autónoma, diferenciándolos de los hechos de tormentos. "En su oportunidad el Juzgado Federal rechazó el planteo aduciendo que los hechos señalados no merecían una calificación distinta a la de tormentos y que quedaban subsumidos en ellos. Los acusadores apelaron la medida y la Cámara Federal de Bahía Blanca les dio parcialmente la razón ya que, si bien no calificó a los hechos como lo solicitaron los acusadores, sí ordenó al juzgado que evaluara nuevamente si debían calificarse los hechos tal como lo solicitaban los apelantes", explicó.

"En tal sentido, le señaló algunos criterios para realizar tal evaluación. La Cámara bahiense expresó que si los hechos constatados reflejaban una voluntad expresa del autor de producir una afección sexual, entonces debía calificarlos en forma autónoma, en concurso material con tormentos. Tal sería el caso indudable de una penetración oral, anal o vaginal, con un miembro masculino o cualquier otro miembro -como los dedos- u objeto material que pudiera hacer las veces de tal. En otras ocasiones, como los tocamientos corporales, debían calificarse como abuso sexual si a través de otras evidencias podía deducirse que se trataba de un acto lesivo con intención sexual y no un tormento con el exclusivo objeto de provocar un daño, no de tipo sexual", afirmó el querellante. 

Lugar de torturas.

Catalani indicó que otra de las medidas que se tomaron en la causa en el último tiempo fue la inspección ocular al local bailable "El Castillo", en cuyo inmueble en 1977 fue torturado Augusto Menghi. Durante la semana pasada, la jueza Iara Silvestre inspeccionó el lugar y Menghi reconoció la parte subterránea como el sitio donde fue torturado mientras estaba detenido en ese año. La magistrada además solicitó la información registral al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de averiguar quiénes eran los dueños anteriores del predio. Los actuales propietarios lo adquirieron en 1991 y realizaron cambios en la construcción desde entonces.