Se incrementa la disputa política entre ocupantes de La Movediza

Acusan a un "puntero lunghista" de intentar desalojar a mujeres durante la noche. "En la Comisaría Segunda no quisieron tomar la denuncia", aseguraron. Ahora aguardan un llamado de Nación.
La pulseada política entre kirchneristas y lunghistas en las casas ocupadas de La Movediza crece en tensión luego de que, el lunes a la noche, una persona señalada como "puntero del intendente" fuera denunciado por intentar desalojar a dos mujeres con sus hijos.

Gustavo Bravo, miembro de la Comisión de Toma y Posesión, y hombre cercano al Movimiento Evita y el Partido Socialista, apuntó contra Fernando Membrilla, quien "está infundiendo el miedo sacando a la gente de las casas en nombre del Ejecutivo".

En la antevíspera, Bravo, acompañado por Juan Olano (ME) y Osvaldo Maestrojuan (PS), viajaron a Capital Federal para mantener un encuentro con funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

La reunión se frustró por cuestiones de agenda, pero hubo un compromiso de Nación para "el miércoles o jueves de la semana entrante", cuando un llamado podría destrabar la entrevista entre los ocupantes y el seno de Julio De Vido.

Pero una desagradable sorpresa se encontró Bravo al regresar de Buenos Aires. Al entrar al barrio, en horas de la noche, se topó con dos vecinas que "estaban siendo desalojadas por la fuerza por este señor Membrilla".

Según manifestó el entrevistado a LA VOZ, el referente "alineado con el Gobierno municipal" habría dicho que "por mandato de (Juan Pablo, el jefe de Gabinete) Frolik y (Miguel) Lunghi debía depurar 60 casas y una tanda de terrenos".

Una de las presuntas damnificadas fue Ivana Alvarez, madre de dos hijos, quien "estuvo 5 meses durmiendo en la calle" antes de tomar una de las viviendas del Plan Federal II.

"Nosotros reclamamos que el Ejecutivo salga a desmentir a Membrilla", dijo Bravo tras el confuso episodio.

Pero la saga no terminó allí, puesto que en medio de la lluvia, las ocupantes se habrían dirigido a la Secccional Segunda de Policía, donde el "oficial de servicio estaba durmiendo y nos respondió con una palabrotas", en tanto "no quiso tomar la denuncia".

Una de las mujeres que habría resultado perjudicada estaría pagando los impuestos de un terreno en La Movediza, según trascendió.

"Este chico, que en algún momento integró la Comisión de Toma, demostró que tiene intereses políticos y económicos, ya es un puntero lunghista en el barrio", destacó Bravo en dirección a Membrilla.

Añadió luego que por la noche "la gente se siente intimidada por este grupo de personas que infunde miedo, le tienen temor", explicó el dirigente barrial.

Contra la advertencia

de carlos fernandez

El tembladeral político por el tema Redrado y las vacaciones de los funcionarios K, postergaron en la agenda nacional a la problemática que viven los ocupantes del Plan Federal de Viviendas II.

Sin embargo, la semana que viene, los vecinos que responden a Olano aguardarán el llamado telefónico de Planificación.

Mientras tanto, cayeron muy mal las declaraciones del senador provincial y ex jefe de gabinete municipal, Carlos Fernández, quien amenazó con una denuncia penal contra Olano y Maestrojuan por instigación a la usurpación.

Bravo salió a respaldar a sendos dirigentes al calificar la jugada de Fernández como "un muy bajo recurso", cuando "el verdadero instigador de la toma "es el Gobierno comunal, que en 6 años jamás implementó una política de vivienda en Tandil", sentenció.

Ocupantes del barrio Smata reclaman

que se les "regularice" su situación

A casi un mes y medio que tomaron las viviendas a medio construir del barrio de Smata, las familias que protagonizaron la usurpación están reclamando que se les regularice la situación. En dicho marco, explicaron que ese lugar estuvo abandonado por casi treinta años y por eso están dispuestos a pagar una pequeña cuota para poder adquirirlo.

Ayer por la mañana, vecinos del lugar se juntaron para dialogar con LA VOZ y explicar que están cansados que se los trate como "delincuentes" ya que "no hicieron nada malo". Solo que "debido a una necesidad ocuparon las casas que estaban sin terminar y que por varias décadas estaban los trabajos paralizados".

En tal sentido, Silvia Betbeder, vocera de los vecinos, manifestó que hasta el momento ninguna autoridad municipal, ni tampoco del gremio -dueño del barrio-, se les acercó para hablar o preguntarles si necesitaban algo. Con las únicas personas que conversaron son con los ediles del PJ-Frente para la Victoria, Eduardo Ferrer y Néstor Auza, quienes se comprometieron a realizar gestiones para regularizar su situación.

Como se informó oportunamente, a principio de diciembre del año pasado, medio centenar de familias, que arrastran una compleja situación económica, la mayoría sin trabajo y desde la "imposibilidad" de seguir pagando un alquiler, decidió ubicarse bajo los techos de las 50 casas ubicadas a 300 metros de la avenida Juan B. Justo, a la altura del 1.600.

Se trata de un terreno que es propiedad del gremio Smata y de acuerdo a las averiguaciones que habrían hecho los ocupantes en Catastro municipal, "ya fueron adjudicadas, aunque estarían abandonadas hace más de 20 años"

Mientras tanto, el abogado del sindicato de mecánicos (Smata), doctor Juan Claudio Morel, por indicación de las autoridades gremiales denunció "penalmente" a las personas que usurparon el barrio que construye el sindicato en la zona de Villa Laza. El letrado si bien descartó cualquier clase de represión, señaló que acatarán cualquier orden que de la Justicia.

RECLAMO

"Nosotros en principio nos acercamos a la municipalidad para hablar con el intendente, pero no nos atendió. También hicimos una nota solicitando agua y luz, pero tampoco tuvimos repuesta. Inclusive la Usina retiró todo los cables que pasaban por acá para evitar que alguien se cuelgue. Pedimos una entrevista con Cesar Trapote, titular de Smata, pero nos echo como a un perro. Los únicos que nos atendieron fueron dos concejales de la oposición, que no dijeron que se iban a ocupar de nuestra problemática", señaló Silvia Betbeder.

Según explicó la entrevistada, desde el municipio se les dijo que no los podían ayudar porque "esos terrenos son privados".

La vecina señaló que ellos están dispuestos con "terminar con la usurpación" y ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo para que "con el pago de una pequeña cuota poder comprar las viviendas".

De todas formas, señaló que a pesar de la denuncia penal "van a resistir cualquier tipo de desalojo ya que la mayoría de las familias no tiene otro lugar a donde ir". Mientras tanto, jurídicamente se están moviendo con el asesoramiento de un abogado aportando datos en la Fiscalía sobre cuál es la situación de cada familia.

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