La incompatibilidad entre el blanqueo y el impuesto sobre bienes personales

La incompatibilidad entre el blanqueo y el impuesto sobre bienes personales
En varias oportunidades nos hemos referido al tema ‘blanqueo’ en el sentido general de exteriorización de bienes no revelados a la autoridad fiscal. Ahora queremos llamar la atención sobre lo que consideramos un obstáculo para lograr la plena adhesión de los contribuyentes y asegurar los resultados esperados. Se trata de la incompatibilidad entre el régimen de regularización y el impuesto que recae sobre el universo de bienes personales.
La adhesión al sistema implantado no es gratuita. Según los casos y opciones específicas a disposición de los contribuyentes el costo varía. La exteriorización resulta menos onerosa cuando los activos se nacionalizan que cuando se mantienen en el exterior. Al margen del nivel de las alícuotas, una vez denunciados los bienes pasan a integrar la universalidad sometida al impuesto sobre los Bienes Personales, digamos de por vida del contribuyente, encareciendo en definitiva el costo de su exteriorización ante la autoridad fiscal argentina.

A partir de ese momento, la base imponible aumenta y la contribución anual también mientras los bienes declarados o sus sustitutos sigan integrando el patrimonio (no neto) gravado. Este hecho, al parecer todavía no advertido y menos expresado, puede significar un obstáculo que llegue a desanimar la voluntad de regularizar las pertenencias cautivas.

El tema no es menor y varía según la naturaleza de los bienes, pero siempre supone aumentar los costos impositivos, con un agravante. Los impuestos de base patrimonial se devengan siempre con prescindencia de cómo le vaya al contribuyente. En el impuesto a las Ganancias, en cambo, el Estado participa de los buenos resultados si las cosas van bien. En caso contrario, sigue la suerte del contribuyente y éste hasta puede computar los eventuales quebrantos en el futuro.

En el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales, el hecho de recaer sobre el stock de riqueza gravada siempre supone una exacción, esto es, con prescindencia de cómo le vaya al contribuyente y para peor, discrimina contra los contribuyentes individuales endeudados, habida cuenta que a diferencia de los impuestos que alcanzan al patrimonio neto no contempla la inclusión de los pasivos para determinar la base imponible. Por supuesto en momentos de crisis o de desmonetización de la economía la cuestión es mucho peor, como lo venimos afirmando desde hace más de treinta años cuando publicamos ‘El Impuesto al Patrimonio’ con la inolvidable Editorial Cangallo.

En síntesis, la convivencia entre el Impuesto sobre los Bienes Personales y la convocatoria para regularizar situaciones irregulares, puede comprometer los ingresos esperados, habida cuenta la incompatibilidad en términos de costos entre ambas categorías tributarias. Es cierto que adhiriendo al régimen en vigencia se paga por una sola vez. Empero, mientras no se derogue el Impuesto sobre los Bienes Personales los mismos bienes dentro del conjunto de pertenencias estarán gravados a perpetuidad.

Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la precariedad de facto, no desde el punto de vista de la capacidad contributiva teórica, de los gravámenes que recaen sobre acervos de bienes sin considerar otras circunstancias rectamente contempladas en un impuesto más civilizado como es el caso de Ganancias.

Me animo a formular esa imputación recordando el inapelable testimonio de Edwin Seligman, uno de los cuatro sabios de la Sociedad de las Naciones (1919), cuando descalificó al impuesto sobre el patrimonio sosteniendo, sin reservas, que se trataba de lo peor que se podía concebir (‘the worst tax known in the civilized world’).

Entonces si la incorporación de bienes encarece, digamos de por vida, la factura impositiva anual, no sería descabellado derogar el Impuesto sobre los Bienes Personales y para compensar ingresos promover ajustes razonables en otros tributos. La acumulación está en el espíritu del capitalismo. Si es así, debería preservarse el patrimonio de los contribuyentes que vía gastos e inversiones pueden contribuir al desarrollo económico.

En la Unión Europea ya no quedan vestigios de esta suerte de rareza histórica. Si el Gobierno se anima, su derogación le haría un gran favor y prestaría un gran servicio a la clase media que es la que ha inspirado reformas en esa dirección.

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