Ley de incentivos fiscales: interés privado, indiferencia oficial

A casi un año de vigencia de la ley, el Gobierno no aprobó un solo proyecto de inversión, pese a que hay 26 empresas interesadas.

A 10 meses de vigencia de la ley 5.238 de Promoción Económica e Incentivos Fiscales que procuraba atraer nuevas inversiones y promover la ampliación de las existentes, el Gobierno de la Provincia no ha otorgado un solo peso, en créditos fiscales, del cupo de 20 millones que había dispuesto para el primer año de la operatoria.

Esto sucede pese a que, 26 empresas presentaron proyectos de inversión, por un monto total de 67,5 millones de pesos, para poder acogerse a los beneficios promocionados por esta ley.

La ley 5.237 fue lanzada, con bombos y platillos, en septiembre de 2008 y presentada como una herramienta que daría mayor dinamismo y competitividad al aparato productivo local. Incluía el reintegro en créditos fiscales transferibles, la exención de impuestos provinciales, prometía estabilidad fiscal por 10 años y el reintegro de hasta el 25% del salario mínimo vital y móvil por cada nuevo empleado incorporado en carácter de permanente.

Los beneficios generaron interés en el sector empresario que, el día de la presentación, copó la sala Ezequiel Soria. Y de hecho, para el cierre del primer llamado para la presentación de proyectos de inversión, en noviembre pasado, hubo 12 empresas interesadas, que proponían invertir 45,3 millones e incorporar 227 trabajadores. Para el cierre de la segunda etapa, finalizada en mayo, hubo 14 nuevas propuestas de inversión en activos fijos por un monto total de 22,2 millones y la creación de 40 puestos de trabajo permanentes y más de 100 transitorios.

Pese a que las propuestas de inversión privadas cumplirían -en principio- con las exigencias de la ley, el Ejecutivo no aprobó ni un solo proyecto y, por tanto, está desestimulando una inversión bastante interesante en tiempos de estancamiento económico.

Las fuentes consultadas aseguraron que el tema está trabado a nivel del Ministerio de Hacienda que es el que, en última instancia, debe aprobar la emisión de los créditos fiscales con los que los inversores pueden cancelar impuestos provinciales o bien transferirlos a terceros.

De ser aprobados los proyectos de inversión promovidos, la Provincia debería hacer un esfuerzo fiscal -en los próximos años- de 17,4 millones a favor del sector privado.

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