Imputaron al titular de la Empresa de Troles

Es por fraude a la administración. Contrató a dos policías que no cumplían con los servicios por los que se les pagaba. Uno es su yerno.
A pesar de las vacaciones, ayer, en Casa de Gobierno, los funcionarios iban y venían entre diversas reuniones. Lo que alborotó los ánimos fue la noticia de la imputación al titular de la Empresa Provincial de Transporte (EPTM), Héctor Salcedo, por fraude a la administración pública.

La denuncia había salido en noviembre desde el Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados (Sitea) y el lunes el fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano, terminó de confirmar las sospechas por lo que anunció la imputación del funcionario y de tres policías.

Aunque el fiscal lo había convocado para el lunes con el objetivo de comunicarle su decisión para después poder tomarle declaración indagatoria, Salcedo no concurrió a la cita.

El encuentro se reeditará hoy por la mañana en el Palacio Policial debido a que el hombre asegura no haber sido comunicado de la primera citación. Ayer, la noticia se hizo pública y, mientras el gremio se regodeaba, el Gobierno analizaba sus opciones, justo el día en que Salcedo regresaba de su licencia anual.

En su momento, el sindicato liderado por Víctor Dagfal denunció que el director de la empresa de troles pagaba los servicios extraordinarios de un cabo y de un oficial pero que, en realidad, ninguno de los dos cumplía con estas tareas. Para colmo, uno de los acusados es el novio de la hija de Salcedo, según él mismo lo admitió.

"Esa persona, el policía Diego Márquez, cobraba por los servicios pero no los hacía", confirmó el fiscal y agregó que las funciones del otro uniformado -el oficial inspector Juan Carlos González Rosales- quien estaba consignado como custodio personal de Salcedo (algo de por sí "descabellado" para Correa Llano) tampoco cumplía con dicha labor por la que el Estado paga un plus a los policías.

Ambos están imputados de participación criminal primaria en delito de fraude a la administración pública. La Justicia también ha decidido imputar a la persona encargada de esos servicios por avalar, desde su función, este tipo de maniobras. Así, Diego Oros, está imputado por participación criminal primaria en el delito de fraude a la administración en concurso real con falsedad ideológica en instrumento público.

Por el momento, desde la Subsecretaría de Servicios Públicos que comanda Patricia Martínez explicaron que no se darán declaraciones respecto del caso. No obstante, vale aclarar que la imputación de Salcedo no lo obliga a renunciar a su cargo como si deberá hacerlo si la Justicia lo encuentra culpable.

Por ahora, sólo hay indicios de que podría haber realizado una estafa al Estado, delito que posee una pena de entre uno y seis años de prisión. Por el momento, el actual director cree que seguirá al frente de la Empresa y nada se informa sobre una posible dimisión.

Denuncias cruzadas

El fiscal explicó que, al parecer, uno de los policías hacía las veces de secretario privado de Salcedo; algo bastante irregular según su parecer. El director de la EPTM, por su parte, replicó que su cargo de administrador le permite contratar gente de confianza para realizar distintas tareas.

A pesar de que las mismas tenían el principal fundamento de realizar investigaciones acerca de distintas denuncias que existían en la empresa lo cierto es que el funcionario no ve nada extraño en el hecho de contar -mediante los mecanismos legales- con una persona de su confianza que no sólo lo custodie sino que colabore con su gestión. "El se pasaba horas en la empresa trabajando, por lo que no es cierto que se le pagaba por no hacer nada", señaló.

De este modo, agregó que hizo todo dentro de la normalidad y de las facultades que posee. "Yo no cuestiono los motivos de Correa Llano porque no los conozco. Sólo sé que las denuncias se deben a que no permito atribuciones que no corresponden, a que he sancionado gente que no cumple con sus funciones y a que estoy decidido a controlar mejor lo que aquí sucede", aseveró.

Dagfal, en tanto, admitió que estaban conformes con la decisión del fiscal debido a que la ley ha comenzado a darles la razón. En especial debido a que Salcedo no los acepta como gremio y "les ha hecho la vida imposible" a varios de sus afiliados. "Para nosotros es muy importante porque, además, se demuestra que no denunciamos sin fundamento", dijo.

A partir de mañana, el director de la Empresa que regentea los troles y la línea 2 deberá comenzar a responder a la Justicia para demostrar que ha actuado según la ley.

Hasta ahora, su gestión ha sido bastante convulsionada desde el punto de vista político así como por el estado de los colectivos y del servicio que se presta.

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