Imputaron al principal asesor de Jaque por el pago del subsidio a los Cadillacs

Raúl Leiva fue acusado de instigación al fraude por el fiscal Martearena, en base a las declaraciones de otros funcionarios ante el Senado y la propia Justicia. Insistió en que se trató de una decisión política que no constituye un delito. Mañana debe declarar.
Raúl Leiva, el principal asesor y amigo íntimo de Celso Jaque, fue imputado por instigación al fraude en el marco de la investigación por el pago de un subsidio a Los Fabulosos Cadillacs. La decisión del fiscal especial Eduardo Martearena es un golpe al corazón del Gobierno por lo que implica el imputado en la estructura de poder del mandatario y porque se dio el mismo día que éste se hiciera cargo de la decisión públicamente.

La noticia llegó al Ejecutivo el viernes, cuando Leiva fue informado, pero recién trascendió ayer. Y obviamente crispó los nervios de los ocupantes de los principales despachos del cuarto piso del palacio gubernamental, donde reinan Jaque, su asesor y el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.

"Espero que mi declaración ante el fiscal sirva para que esto se termine pronto. Con absoluta tranquilidad lo que puedo ratificar es que se tomó una decisión política con el convencimiento de no estar cometiendo ningún ilícito", dijo ayer Leiva a Los Andes, anticipando que mañana se presentará en la Fiscalía de Delitos Complejos.

El asesor se sumó así a la lista de imputados por esta causa que ya incluía al secretario de Turismo, Luis Böhm, y a seis personas vinculadas a la productora que trajo a los Cadillacs a Mendoza (ver aparte) y recibieron el aporte estatal de 315 mil pesos para que el show se hiciera el 20 de febrero pasado en el estadio de Andes Talleres.

La acusación es "instigación" por cuanto el asesor, por su cargo precisamente, no firmó ningún documento referido al caso (ni el contrato ni el decreto) y sólo quedó involucrado a partir de las declaraciones de otros funcionarios en la comisión investigadora del Senado y también ante la propia Justicia. Según trascendió, el fiscal entendió que "indujo a otros a cometer delito" y de ser hallado culpable podría caberle una condena de dos a seis años de prisión.

Leiva fue señalado precisamente por Böhm, el otro funcionario imputado, de ser quien lo llamó para pedirle que pagara el subsidio con dinero de su presupuesto, bajo la condición de devolvérselo, debido a que Turismo era la única área involucrada en el tema con fondos suficientes en ese momento.

Pero también otros miembros del Gobierno lo apuntaron como el mediador en el trámite: el tesorero general de la Provincia, Mauro Luchetti, dijo haber recibido un llamado del secretario de Leiva para que el pago saliera "sí o sí". Y también el director de Administración de Turismo, Fernando Nardi, declaró en el mismo sentido.

En su breve diálogo de ayer con este diario, el asesor desmintió haber presionado a Luchetti: "Se trata de un organismo extra poder con el que no suelo tener contactos".

Lo cierto es que el tesorero no depende del poder de turno, sino que precisamente debe controlarlo y es nombrado con acuerdo del Senado, por lo que trasciende el mandato de los gobernadores. De hecho, Luchetti asumió en los inicios de la gestión de Julio Cobos y durante la administración de Roberto Iglesias había sido funcionario del Ministerio de Hacienda.

Bajo sospecha

El nombre de Leiva empezó a sonar con fuerza hace dos semanas como el responsable de la decisión de pagar ese aporte a la productora Offside. Y emergió por el malestar interno en el gabinete. Ministros y secretarios de peso estaban disconformes porque el asesor, uno de los dos hombres de mayor confianza de Jaque (el otro es Cazabán), no salía a dar explicaciones y así quedaban involucrados funcionarios que poco tenían que ver con el tema.

Este diario reveló esa trama el miércoles 29 y allí Leiva, escudado hasta entonces en un bajísimo perfil, admitió haber tenido participación en el asunto, pero aclaró que no fue sólo su responsabilidad: "Yo no tengo la facultad de tomar esa decisión en soledad. Fue consensuada con otros funcionarios".

Aludía así a una reunión en la que cinco miembros del gabinete (él, Böhm, Scollo de Cultura, Cazabán y Catania de prensa) debatieron si se daba el subsidio. Pero lo cierto es que después lo señalaron a él como el que apuró el pago.

Incluso, al ver involucrado a su mano derecha y tras diez días sin asistir a actos públicos, el viernes Jaque habló por primera vez del tema y se hizo cargo: "Ya he dicho que cuando firmo un decreto estoy convalidando y la decisión es del Gobernador". Ese día, el fiscal definió la imputación.

Leiva, como la cúpula del Gobierno, ha defendido la "decisión política" de dar ese aporte porque se consideró que era importante que la gira del regreso de los Cadillacs hiciera escala en Mendoza. Tanta importancia le dieron que, según los productores, les ofrecieron el estadio Malvinas Argentinas para que se hiciera allí el recital, en lugar del ya programado Talleres, porque podría tener más público y así las entradas serían más accesibles.

Para convencerlos, los funcionarios prometieron algunas ventajas, como un descuento en el alquiler y también la exención del pago de un impuesto de 10% sobre la recaudación, como se hace habitualmente en todos los eventos considerados de interés.

Pero luego hubo un cambio de planes de último momento, por la modificación de la fecha de un partido de Godoy Cruz, y el espectáculo debió volver a Talleres. Entonces allí surgió la idea del subsidio para "compensar" a la productora, que ya había empezado a vender entradas para el Malvinas a precios más bajos que los previstos inicialmente (según consta en el contrato con los representantes de la banda).

Lo cierto es que del caso no se supo nada hasta que, más de cinco meses después, el decreto con la firma de Jaque, Cazabán, Böhm y el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, fue publicado en el Boletín Oficial.

La demora se debió a las disidencias internas en el Gobierno sobre una decisión difícil de justificar públicamente y al difundirse se descubrió que el dinero fue pagado al padre de una de las socias de la productora, un ardid usado por ésta para evitar el pago de IVA.

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