Imputaron a 12 jefes del IPV por fraude

Ocho directivos cobraron más de $ 670 mil de modo irregular en la gestión de Cobos. Un ex titular del organismo, acusado de favorecerlos.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene problemas de financiamiento, pero para algunos gerentes y directores de esa repartición esto es sólo un detalle. Un grupo de jefes del IPV se hizo pagar más de 670 mil pesos por una diferencia de sueldo a la que aparentemente no tenían derecho.

La maniobra fue realizada sobre el final de la gestión anterior de Julio Cobos y el pago se hizo efectivo poco antes de que Celso Jaque asumiera como gobernador.

Pero en febrero de este año todo fue denunciado y hace pocos días el fiscal Luis Correa Llano imputó a 12 personas por el delito de "fraude a la administración pública, en la modalidad de administración fraudulenta".

En la lista de acusados está el ex presidente del IPV, Raúl Cicero; los otros ex directores: Orlando Lucentini y Walter Carrasco y las 8 personas que cobraron. Se trata de un grupo de empleados jerárquicos que tienen en sus manos buena parte de las decisiones del IPV, aún hoy, en el gobierno de Jaque.

Este equipo está compuesto por Roberto Gómez, Gustavo Reynaud, Alejandro Rezynovsky, Elsa Rufener, Mario Salinas, Alejandro Sentinelli, José Juri y Juan Carlos Fontana.

Eduardo Estrada, un asesor legal, también fue imputado.

Las principales sospechas del fiscal apuntan a que los mismos funcionarios que cobraron fueron los autores de las resoluciones y dictámenes que permitieron la maniobra.

De hecho Gómez es jefe de la Asesoría Letrada y fue quien se encargó de la redacción de la resolución que lo tuvo como uno de los beneficiarios.

Reynaud también es un hombre con poder dentro de esa institución: está encargado del área de recuperación de viviendas.

Sentinelli fue designado en su momento como parte de la comisión liquidadora para fiscalizar ese trámite. Curiosamente, luego cobró de acuerdo a los parámetros que él había ayudado a establecer.

En el IPV tratan de bajarle el perfil al problema. Pero hay empleados que aseguran que luego de que declararon en la Justicia, hubo presiones y amenazas, puesto que todos los acusados están en sus puestos de trabajo como si nada hubiera pasado.

"Son las personas que manejan el IPV más allá de quien sea el presidente. Por eso no los sacan ni les quitan poder", denunciaron.

El actual titular del organismo, Carmelo Simó, opina que primero la Justicia debe expedirse. "Son personas honorables. No puedo opinar porque tiene que actuar la justicia. Se está por iniciar un sumario administrativo para saber qué pasó", dijo.

Luego de que el fiscal comunicara las imputaciones, el nuevo directorio envió la información a Fiscalía de Estado y el Ministerio de Infraestructura. La respuesta de ambos fue que el IPV tenía potestad para iniciar un sumario a los empleados involucrados.

Según se informó, para la investigación interna se convocará a un abogado del Ministerio, para "garantizar imparcialidad y que se haga justicia".

La historia

En 1996 se decidió dejar de pagarle a los empleados del IPV un adicional llamado "haber Fonavi". Un grupo de agentes públicos no se conformó con la medida e iniciaron un reclamo judicial para que le pagaran esa diferencia.

La Justicia les dio la razón y luego de varias idas y vueltas cobraron, resolución de la Suprema Corte de Justicia de por medio. En el pago entraron todos los empleados que habían hecho el reclamo judicial.

Pero otro grupo creía tener un as en la manga: los gerentes. Éstos no habían hecho el reclamo, pero usaron su propia ingeniería administrativa para cobrar.

En 2006 Cicero firmó una resolución (la 737) en la que se daba el primer paso, habilitando a cobrar a los empleados de planta. Pero todo se resolvió sobre finales del año pasado, cuando a través de la resolución 1.529 se ordena pagar 672.703 pesos a los 8 beneficiarios. La resolución fue firmada el 20 de noviembre y todos cobraron con cheques pocos días después.

Además de haber cobrado sin que mediara ningún argumento judicial, técnicamente la posibilidad de hacer un reclamo administrativo había prescripto, tal como figura en un memo interno del IPV.

Al parecer el tiempo apremiaba para tomar una decisión. "En esos días lo único de lo que se hablaba era de eso, porque se iba el Gobierno y tenían que hacerlo antes de que se fuera Cicero", explicó ante el fiscal Correa Llano una testigo.

La misma persona relató un diálogo curioso. "Te parece que va a andar esto", preguntó uno de los interesados. "Está perfecto, el viejo (por Cicero) metió la pata con la 737, pero bueno, eso lo sabés vos, yo...y mi mujer", respondió entre risas otro de los aparentes autores de la trama. El testimonio figura en los expedientes de la causa.

Los testigos afirmaron que, como ocurre con buena parte de las decisiones, quienes elaboraron los dictámenes favorables fueron los propios favorecidos. Allí el más complicado es Roberto Gómez, jefe de Asesoría Letrada.

Según las pericias informáticas, los dictámenes fueron realizados en su computadora. Para llegar a esa conclusión, se realizó un allanamiento en el IPV donde se secuestró la computadora de Gómez.

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