Imputan a De Vido por supuestos sobreprecios en obras públicas

Imputan a De Vido por supuestos sobreprecios en obras públicas

El exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio de Vido, fue imputado por el presunto pago de sobreprecios en la realización de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero desde 2005.

La decisión fue tomada por el fiscal federal Patricio Evers, quien imputó al dirigente del Frente para la Victoria en la investigación que tiene en su poder la jueza María Romilda Servini de Cubría.

En ese expediente, el denunciante, Roberto Ángel Azzareto, acusó también al responsable la Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo, que dirigía Pablo Abal Medina, de ser el recaudador de los sobreprecios en tareas de repavimentación de rutas o construcción de edificios públicos. 

Tras conocer la imputación, De Vido salió por Twitter a desligarse de responsabilidades y a aclarar "que las obras denunciadas en Santiago del Estero fueron licitadas, adjudicadas y ejecutadas por la Provincia".

"Es decir, el Gobierno nacional sólo brindaba apoyo financiero a partir de créditos gestionados ante organismos multilaterales (BID y CAF). Gestión y control lo realizaba la Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo, que dirigía Pablo Abal Medina y organismos correspondientes", aseveró De Vido.

De esta manera, De Vido atribuyó responsabilidades al hermano del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner y actual senador nacional del PJ-FPV, Juan Manuel Abal Medina.

"Esto es parte de la persecución mediática a la que estamos siendo sometidos quienes acompañamos la gestión que transformó el país. Buscan descalificarnos para invisibilizar las miles de obras que hicieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a lo largo del país", apuntó De Vido en Twitter.

Según Azzareto, desde 2005 en adelante se favoreció con obra pública a la provincia de Santiago del Estero, financiada por el Gobierno nacional, y el modus operandi "se daba a través del exministro de Planificación Federal De Vido, que determinaba qué obras y a qué precios debían realizarse y a qué empresas debían otorgarle la concesión".

Las tareas bajo sospecha son el complejo de oficinas del Ministerio de Economía y Educación de Santiago del Estero por el cual intervino la empresa Panedile: se hicieron dos torres por las que se pagó el metro cuadrado cinco mil dólares, cuando según el denunciante el valor de mercado era de mil dólares.

También se investiga la repavimentación de la ruta provincial que une la ciudad de Loreto con Frías, que costó aproximadamente unos 500 mil dólares.

Además, Azzareto acusó que hubo sobreprecio de 100 mil dólares en una obra de la firma Panedile sobre el dique de Figueroa del Río Salado, que aseguró que no pudo haber tenido un costo mayor de 30 mil pesos.

Otra de las obras que el fiscal pidió investigar es en el Aeropuerto de Termas, ubicado a 70 kilómetros del Aeropuerto de Santiago del Estero.

Como primera medida, el fiscal reclamó se cite a declarar al denunciante para ampliar su declaración sobre los hechos. 

De Vido está procesado por la tragedia ferroviaria de Once, y la semana pasada fue indagado en dos causas: una por la compra irregular de trenes a España y Portugal, y en otra por no llamar a licitación de los contratos de ramales ferroviarios, tal cual prevé la ley.

Tras conocer la imputación a De Vido, la constructora Panedile difundió un comunicado en el que "aclara que ni el ministro De Vido ni su Ministerio eran los comitentes de la obra, sino la Provincia" y que "el valor del metro cuadrado de las Torres tomando el dólar a su valor al momento de la oferta (4 pesos) es de 3 mil dólares el metro cuadrado e incluía el proyecto llave en mano con todas las terminaciones y tecnología propias de un edificio inteligente".

"Fue una licitación pública cuyo resultado fue revisado y aprobado por un banco multilateral de crédito que era quien financiaba la obra y es evidente que si no se cumplían parámetros medios de precio no se hubiera logrado su aprobación", señaló la empresa constructora.

Indicó además que "las comparaciones de referencia del valor del metro cuadrado son intencionadas", que "el proyecto no es una vivienda social sino un edificio moderno e inteligente, de 48 niveles en total entre las dos torres" y que "se incluía el amoblamiento y equipamiento interior completo", por lo cual "el precio citado no era sólo por la construcción".

"La obra está finalizada y entregada a la Provincia para que allí trabajen 1.500 personas desde septiembre de 2014. Varias de las obras mencionadas en la denuncia no corresponden a obras ejecutadas por Panedile", indicó la compañía.

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