Imputan al supuesto testaferro de un operador K por usurpar tierras

Se trata de Walter Abella. Lo hizo ayer un fiscal, tal como adelantó Clarín.
La Justicia abrió ayer una investigación por la presunta apropiación ilegal y desmonte irracional de un campo de más de 9.300 hectáreas, que estaría siendo explotado por Walter Abella, quien actuaría como testaferro de Mario Ishii, el ex intendente de José C. Paz y operador K.

La denuncia la realizó el fiscal de Estado de la provincia, Raúl Abate, tal como adelantó Clarín el martes pasado. Apunta a dilucidar quién o quiénes son los responsables de la apropiación ilegal de campos fiscales.

Se trata de unos lotes fiscales de más de 9.300 hectáreas que habrían sido apropiados ilegalmente por Walter Abella que además es socio de su hijo Fabio Adrián en ConyAgro SRL.

Abate radicó la denuncia en el Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación, a cargo de Ramón Tarchini Saavedra. Se trata de una medida cautelar que pide se frene el desmonte en una colonia de 9.300 hectáreas compuesta por tierras fiscales, en la que al menos en tres lotes se habrían producido usurpaciones y en dos de ellos desmontes.

En esos lotes, ubicados en el departamento Alberdi, a 290 kilómetros al norte de esta capital, se habrían desmontado más de 4.000 hectáreas, de acuerdo a la información y documentación con que cuentan Fiscalía de Estado y la Dirección de Bosques. "Existe abundante material, fotos satelitales y planos del paraje Fisco Grande, de 22.000 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran los lotes usurpados", dijeron a Clarín autoridades de la repartición gubernamental.

"En este momento el juez tiene que definir su competencia y la cautelar", explicó Abate, y agregó que habían recibido innumerables denuncias de pobladores de la zona. "En virtud de eso y ante la premura del caso por el desmonte, decidimos interponer la denuncia penal", explicó.

Abella, un tucumano que hasta hace 5 años vendía celulares y ahora se autoproclama millonario y hombre de Ishii en Santiago, también es investigado por las autoridades provinciales por los desmontes ilegales en otro campo en el departamento Jiménez, a la vera de la ruta 132.

Desde ese lugar la Dirección de Bosques secuestró dos topadoras que estaban limpiando el monte cuando no había autorización. El organismo también investiga quién tiene la verdadera la titularidad del campo.

Cuando se le consultó a Abate si ConyAgro SRL podría haber comprado acciones y derechos de presuntos poseedores, explicó que como se trata de "una colonia tiene un régimen legal más estricto".

Y señaló que cuando son colonias, no se pueden hacer juicios de prescripción: "La gente que está dentro de la colonia tiene un régimen administrativo especial más rígido que el Código Civil, cuando se es colono y hasta tanto no se le otorgue la escritura, se está reconociendo que la propiedad es del Estado".

Abella también está denunciado ante la Justicia por intento de apropiación de un campo de 39.500 hectáreas, caso que fue publicado ayer por Clarín.

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