Imputan a 3 intendentes por presuntos negociados

Son jefes municipales de Chaján, Sampacho y Suco. También se acusó a un juez de Paz y a un procurador.

El juez de Control Daniel Muñoz imputó a la intendenta de Chaján, Miriam Sánchez, y al juez de Paz, Gustavo Reynoso, al titular municipal de Sampacho, Santiago Bordese, al jefe comunal de Suco, Héctor Pontel, y a un abogado de la Procuración del Tesoro de Córdoba, Silvio Parisato, por intento de negociar tierras expropiadas para la construcción de una represa.

Los intendentes fueron imputados por presunto «incumplimiento de deberes de funcionario público y negocios incompatibles con la función pública en grado de tentativa», mientras que el juez de Paz fue acusado con iguales argumentos pero “en grado de tentativa” a lo que se le agregó la figura de posible “coacción”.

Finalmente, Parisato recibió la imputación de supuesta “violación de deberes de funcionario público”.

La denuncia se conoció a raíz de afirmaciones realizadas por Carlos Vettorazzi, un productor agropecuario, quien se hallaba ocupando el campo motivo de la querella, y que presentó a la Justicia “cámaras ocultas” cuando los intendentes le ofrecían presuntamente participar “en negro” del negocio.

El expediente lo inició el fiscal de Río Cuarto, Julio Rivero, con fecha 13 de setiembre de 2006, pero posteriormente lo elevó al juez de Control, Muñoz, en virtud de que no estaba calificado para investigar a un juez de Paz.

Según este expediente, el juez a cargo de la expropiación de los campos para la construcción de la represa Zelegua (que no se adjudicó porque los costos superaron el presupuesto licitatorio) instruyó al juez de Paz de Chaján, Reynoso, para que se constituya en el inmueble de Vettorazzi y lo ponga en posesión.

Reynoso “dispuso poner en “posesión a los intendentes”, acto que habría permitido el abogado de la Procuración del Tesoro de la Provincia, configurando el “incumplimiento de deberes de su oficio”.

Sin embargo, para Rivero “no existió ningún argumento de índole legal, procesal o jurídico” para que el predio estuviera a cargo del municipio o de los intendentes, quienes lo habrían aceptado de manera indebida en carácter de representantes del Estado provincial.

Según el acta firmada, Sánchez, Bordese y Pontel mantuvieron la posesión al solo efecto de “conservar las tierras» y luego intentaron arrendarlas, maniobra que abortó por la negativa de Vettorazzi a de- salojar el campo, por su denuncia de amenazas y la repercusión del caso.

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