El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández por el delito de enriquecimiento ilícito en el marco de una denuncia que había hecho la diputada Elisa Carrió a raíz de Triple Crimen de General Rodríguez. Ese expediente se acumuló a otro donde se investiga el supuesto pago del mexicano Carlos Ahumada Kurtz a Fernández por el negocio de la efedrina, tal como denunció Martín Lanatta, uno de los condenados.

Zoni decidió imputar al ex jefe de Gabinete para determinar si se enriqueció de manera ilegítima entre los años 2002 y 2015. Ahora, la jueza María Servini, que acumula todas las causas derivadas del trafico de efedrina, deberá iniciar el protocolo para estos causas y solicitar medidas de prueba a distintos organismos como la AFIP, la UIF, el Banco Central, entre otros.

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Antes de fugarse de la cárcel de General Alvear, Martín Lanatta declaró ante Servini que el mexicano Carlos Ahumada Kurtz (tiene doble nacionalidad), le pagó 5,2 millones de dólares a Aníbal Fernández por el negocio de la efedrina. Luego este diario reveló que Ahumada se había reunido al menos una vez con ex jefe de Gabinete en su despacho. Finalmente, el legislador porteño Gustavo Vera presentó una denuncia para que se investigue a Ahumada Kurtz, y sus posibles vínculos con Aníbal Fernández.

En ese expediente, el fiscal había imputado hace pocas semanas a Ahumada y a Carlos Granero, hermano del ex titular de la Sedronar, por lavado de dinero.

 

Ahora, Zoni decidió ampliar el requerimiento de instrucción en la causa 8.320/2013, iniciada por la diputada Carrió e investigada por el fiscal Gerardo Pollicita.

Aníbal Fernández ayer fue procesado por la causa del Fútbol para Todos y ya arrastra otro procesamiento por el Plan Qunita.

Además tiene otras causas abiertas donde está en foco su patrimonio. La principal, también abierta por una denuncia de Carrió, tramitó en Quilmes y ahora está en la Cámara de Casación. La Sala IV citó a una audiencia para el 30 de este mes. La causa fue cerrada en primera instancia por el juez federal de Quilmes Luis Armella, y luego esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal de La Plata.

Todo comenzó en 2014, cuando el entonces senador denunció que le habían robado su auto BMW en Avellaneda. El vehículo fue encontrado una hora y media más tarde en el barrio porteño de Constitución. El hecho tuvo enorme repercusión. Luego trascendió que el auto no estaba en su declaración jurada. “Está a nombre mío, desde el año pasado que lo compré legítimamente”, se defendió por entonces Fernández.