En el marco de la investigación por fraude a los vecinos del barrio Achachay, ubicado en la zona oeste de la Ciudad, la Justicia imputó por estafa esta semana a Guillermo y Roxana Álvarez (padre e hija) propietarios de la disuelva inmobiliaria "Crecer” por encontrarlos responsables, en principio, por tres hechos en donde vendieron tierras con un poder falso, afectando a los compradores de buena fe por más de veinte años. 

El caso que está a cargo del fiscal de instrucción Nº 1, Víctor Figueroa, sumaría a partir de ahora nuevos aportes de damnificados que superan las 300 familias y que aguardaban que la Justicia se expida para conocer qué medidas legales tomar y así evitar perder los terrenos adquiridos.

Los imputados al ser indagados se abstuvieron de declarar en cada oportunidad que fueron convocados, por lo que se desconoce cómo lograron obtener un poder que a través del Archivo Notarial se confirmó que era falso y que les permitió por tanto tiempo vender los terrenos y estafar a tanta cantidad de personas. 

Desde la Fiscalía también se informó que se investiga si hubo una imputación en su momento por falsificación de documento público a los representantes de la inmobiliaria acusada. Además, se analiza si esta situación tiene relación con denuncias que datan de 2004, también por estafas.

Fuentes ligadas a la investigación por el conflicto de los terrenos, confirmaron que los vecinos no advirtieron la situación porque a cada uno y hace casi veinte años atrás hasta incluso el año pasado se les otorgó un boleto de compra-venta original con las firmas que avalaban la supuesta legalidad de las tierras.

Según pudo conocer este diario, los herederos de las familias Lockman y Bracamonte, propietarios legítimos de las tierras donde está asentado el barrio Achachay, buscan desde abril de este año que las familias con viviendas construidas y que permanecen hace veinte años, lleguen a un acuerdo con los representantes legales para evitar medidas judiciales. Sin embargo, los damnificados aseguran tener posesión veinteñal, por ende, no pueden ser despojados de sus bienes adquiridos y también iniciaron acciones legales que están siendo investigadas por la Justicia. 

 PEDIDO

Los afectados que superan las 300 familias no recibieron notificación formal, y tomaron conocimiento del caso tras denunciar abuso y persecución por parte de los apoderados legales de Lockman.

Los vecinos organizaron numerosas reuniones para avanzar legalmente, ya que todos poseen documentación.

Por el momento, menos de diez familias realizaron la denuncia penal correspondiente.