Hay dos imputados por la toma violenta del Concejo Deliberante

Son hijos del vecinalista y líder del movimiento Atahualpa, Mario Pucce. Ayer fueron notificados y mañana deberán presentarse en la fiscalía interviniente para prestar declaración indagatoria. Faltan identificar cinco personas que habrían intervenido en los hechos.

Con la citación de dos imputados, el fiscal Mariano Moyano definió en las últimas horas el primer tramo de la investigación por la toma ocurrida el martes pasado en la sede del Concejo Deliberante local.

Fuentes extraoficiales revelaron que dos personas identificadas como Pablo Salvador Pucce y Marcos Augusto Pucce quedaron formalmente imputadas en la causa. Se trata de los hijos de Mario Pucce, presidente de la sociedad de fomento del barrio Jorge Newbery y líder del movimiento barrial Atahualpa.

Ambos imputados deberán presentarse mañana a partir de las 9 en la fiscalía a cargo del doctor Moyano para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa caratulada "lesiones leves, lesiones graves en concurso real, daño agravado y usurpación de la propiedad por turbación de la posesión o tenencia".

Fuentes extraoficiales indicaron que efectivos de la Distrital Centro se constituyeron en Castelli 9253 -sede de la cooperativa "La Unión"- para notificar a los hermanos Pucce, pero no los encontraron en el lugar.

Posteriormente ambos concurrieron al asiento de dicha sede policial en compañía de sus abogados y se notificaron de la citación por la cual deberán presentarse en Tribunales a una semana exacta de haber ocurrido los hechos.

Más imputaciones

En el transcurso de la semana seguirán las tareas para identificar legalmente a otras cinco personas, señalaron fuentes de la investigación, de modo que en las próximas jornadas el fiscal podría girar nuevas citaciones.

Los trabajos de individualización se efectuaron mediante la observación de videos y fotografías periodísticas que la Justicia requirió formalmente a los medios de prensa. A ello se sumó la recepción de declaraciones a una importante cantidad de testigos que habrían aportado los nombres de las personas que aparecen en las imágenes.

En cuanto a la tipificación de los hechos, los voceros consultados señalaron que la calificación de "lesiones graves" responde a que un efectivo policial experimentó una fractura en una mano. Debido a que esa lesión demanda más de 30 días de recuperación, corresponde aplicar esa figura legal, que contempla hasta seis años de prisión.

La toma

Los hechos se produjeron el martes, cuando integrantes de cooperativas vinculadas a movimientos sociales de diferentes barrios de la ciudad protagonizaron una violenta manifestación en el Palacio Municipal, a donde irrumpieron por la fuerza y mantuvieron durante varias horas ocupado el recinto de sesiones del Concejo Deliberante bloqueando todos sus accesos.

La protesta estuvo protagonizada por alrededor de 200 personas que conforman unas 35 cooperativas dedicadas a realizar trabajos públicos, cuyos representantes exigieron que el gobierno municipal confirme un acuerdo que les asegure la ejecución de nuevas obras por el plazo de un año y les conceda el manejo de fondos para adquirir insumos.

La manifestación se inició cerca de las 11 en las puertas del municipio sin mayores sobresaltos hasta que de manera sorpresiva, un grupo de personas ingresó al hall y detonó algunas bombas de estruendo que llenaron el recinto de humo.

Quienes estaban presentes en el lugar compararon a la escena con la acción de "un grupo comando", ya que en medio de la confusión los manifestantes subieron raudamente por las escaleras hasta llegar al segundo piso, donde funciona el Concejo Deliberante.

En el camino hubo forcejeos y golpes con el personal de seguridad y policial y se produjeron algunos destrozos.

El presidente del Concejo, Marcelo Artime, confirmó posteriormente que no sólo se produjeron roturas en las instalaciones, sino que también hubo empleados municipales y de seguridad que resultaron lastimados.

Una vez dentro del recinto del Concejo y en medio de un clima de gran tensión, los manifestantes cerraron las puertas bloqueándolas con bancos apilados para impedir el ingreso de la policía y de los refuerzos de Infantería que se hicieron presentes.

En medio de esa situación, un empleado del área de prensa de la comuna fue agredido físicamente y si bien no sufrió lesiones acusó recibo de los golpes y empujones.

Los reclamos

La toma se extendió durante varias horas, durante las cuales los manifestantes expusieron ante los periodistas que pudieron ingresar al recinto los motivos de su protesta. Varios de ellos se identificaron como integrantes de 35 cooperativas vinculadas a movimientos sociales como Atahualpa, Barrios de Pie y El Che, entre otras, que se dedican a realizar trabajos públicos como la construcción de veredas, limpieza de arroyos o desmalezamiento de terrenos.

José Ismael Núñez, representante del Movimiento Atahualpa, explicó que las cooperativas aguardan la firma de un contrato para poder realizar nuevas tareas de esta naturaleza y precisó que "desde hace 4 meses existe un acuerdo" por el cual la Nación financiaría esas obras a través de la Municipalidad. Aseguró que no obstante "este contrato no se firmó" provocando que los integrantes de las cooperativas "hoy no tengan trabajo ni certezas" al respecto.

Por esa razón subrayó que el eje de la protesta fue el de exigir la formalización del convenio que aseguraría la continuidad de las tareas de las entidades "por un plazo de 12 meses". También hubo quienes sumaron otro pedido, consistente en que el municipio les otorgue el manejo de los fondos dedicados a la compra de insumos.

Cuestionamientos

Durante la toma, el presidente del Concejo se encargó de cuestionar duramente el método utilizado y de poner en duda el verdadero propósito de quienes encabezaron el reclamo, a los que describió como "dirigentes políticos y militantes ideologizados", asegurando que no se trata "de personas que ingenuamente entran al Concejo Deliberante a romper todo".

Artime sostuvo que la gestión de Gustavo Pulti "viene trabajando de manera normal" con estas cooperativas y dijo que algunas de ellas "reclaman que se les pague por trabajos que no hicieron", asegurando que el Ejecutivo no está dispuesto a acceder a la "coacción".

Asimismo puso énfasis en "la actitud de diálogo del Ejecutivo" asegurando que "en el mismo instante en el que los manifestantes irrumpían en el Concejo" ayer al mediodía el subsecretario de Gobierno, Pablo García, mantenía una reunión con dirigentes de algunas de las cooperativas. "Es mentira lo que dicen quienes aseguran que no los queríamos recibir. Prueba de ello es que en el mismo momento en el que algunos tomaban el recinto otros estaban conversando con un funcionario de este gobierno municipal", destacó.

"Reivindicamos a las cooperativas como salida laboral pero las reglas son de transparencia, de sentido común. Se hacen los trabajos, se acreditan y se cobran. No creemos que el método para cobrar sea tomar el Concejo y lastimar a los empleados. La plata no es nuestra sino de los vecinos, así que si acreditan que han hecho los trabajos cobrarán tal como lo vienen haciendo. Lo que es llamativo es esta actitud violenta y desmedida", sostuvo el concejal.

En horas de la tarde los manifestantes aceptaron recibir en el recinto a las concejales Leticia González (Alternativa Social) y Verónica Beresiarte (FpV), quienes oficiaron como interlocutoras de las autoridades municipales, proponiéndoles a los manifestantes abandonar el edifico a cambio de que sus representantes mantuvieran una reunión con funcionarios del Ejecutivo.

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