Dos imputados por intento de fraude. Gamsur: las 9 pruebas que comprometen a los privados

Excesos en las horas extras, plus salariales que no existían, una llamativa asistencia perfecta de los empleados y un fondo de 1.150.000 que la empresa quiso cobrar dos veces. Todo recaía en el Estado.
Gamsur debió ser un paraíso terrenal para empleadores y empleados. En esa empresa ningún trabajador faltó en 2008 y, por lo tanto, todos cobraron el adicional del 20% que después le facturaron al Municipio. En esa empresa, los aumentos de sueldos tuvieron picos del 60% aunque en el resto de la economía nacional hayan llegado a sólo un tercio de esa cifra. Por supuesto, ese logro también iba a terminar golpeando a las cuentas del Estado si el gobierno hubiera aceptado el cálculo de mayores costos que presentó la mixta.

Esas son apenas dos de las nueve pruebas que usó el fiscal Julio Rivero para imputar a los dos directores privados, Alcides Capello y Juan Carlos Masoero, como supuestos coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. Esos dos reconocidos empresarios, que representaban en el directorio a los otros 23 socios privados de Gamsur, deberán enfrentar una indagatoria porque, a juicio del fiscal, hay sospechas fundadas de que sobrevaluaron el cálculo de los mayores costos de 2008 con intención de lesionar el patrimonio público.

El 27 de enero de 2009, Gamsur le reclamó al gobierno municipal el pago de un adicional de 12,6 millones de pesos por los gastos adicionales que debió enfrentar por efecto de la inflación. Pero, el secretario de Economía, Guillermo Mana, determinó que la cifra era, en realidad, de 7,5 millones de pesos. Después de una auditoría, el Tribunal de Cuentas la redujo aún más y la ubicó en 5 millones.

Ahora, el fiscal Rivero imputó a los directores privados por intento de fraude. Sostuvo que hay motivos para sospechar que los empresarios inflaron los números del rubro Mano de Obra.

Según detallaron fuentes vinculadas a la investigación, las pruebas en que se basó Rivero -que debió ayer apartarse de la causa porque Masoero nombró como abogado a Julio Alonso, cuñado del fiscal- para la imputación son nueve:

Horas extras. De la investigación surgió que las horas extras que se pagaron al personal habrían superado el límite legal. Hubo empleados que trabajaron, según el expediente que Gamsur le presentó al Municipio para cobrarle los mayores costos, más de las 200 horas autorizadas por ley.

Fondo de desempleo. El régimen de UOCRA -algunos empleados de Gamsur estaban en ese gremio- contiene una cláusula que eleva los aportes patronales de los trabajadores de menor antigüedad. Si el empleado lleva un año o menos en su puesto, la carga aumenta hasta el 12,48%. A partir del segundo año, el porcentaje baja al 8%.

Según surge de las pruebas, la empresa declaró que todos sus empleados tenían menos de un año de antigüedad. Así, le habrían computado ficticiamente al Municipio el máximo de aportes.

Asistencia perfecta. Cuando pidió los mayores costos, Gamsur aseguró que ninguno de sus empleados faltó jamás al trabajo. Por eso, todos cobraron el plus del 20 por ciento de asistencia perfecta y, por lo tanto, ese monto se le facturó al Municipio.

Fecop. En todo el país, existe un Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas, que les reintegra a las empresas el importe que debieron pagar como cargas sociales. Gamsur tenía un crédito a cobrarle al Estado nacional de 1.150.000 pesos pero esa información no habría estado incluida en el reclamo de mayores costos. Por lo tanto, habría intentado cobrarle al Municipio el 1.150.000 pesos que, a la vez, le iba a aportar la Nación. Al final, no pudieron hacerlo porque Mana no lo aceptó.

Previsión para despidos. Ese rubro, que contempla las posibles indemnizaciones, fue calculado en 5,6 millones de pesos por Gamsur y cargado como mayor costo. El fiscal habría puntualizado que ese fondo, por ley, debería ser sólo del 2 por ciento de la masa salarial. Como Gamsur paga 15 millones de pesos en salarios, la previsión para despidos debió ser de sólo 300 mil pesos. La empresa, entonces, le habría cargado al Municipio 5,3 millones de más.

Plus no remunerativos. Los adicionales que la mixta dice haber pagado no estarían en los recibos de sueldos y, además, estarían por fuera de la ley. Gamsur le facturó 13 meses de adicionales al Municipio aunque esas cifras sólo aparecen en los recibos durante un mes: diciembre de 2008.

Cargos por ART. También en este punto se detectaron irregularidades. Un ejemplo.

La empresa de higiene urbana debía pagar 60 centavos mensuales por hipoacusia.

Pero, al Municipio, esos 60 centavos mensuales se le facturaban como si fueran diarios. Entonces, el Estado debía pagar 30 veces más de lo real.

Vacaciones. Según el fiscal, habría una sobrevaloración de ese rubro, que representa el 4 por ciento del pedido total de mayores costos.

Subas salariales. Los trabajadores fuera de convenio (por ejemplo, administrativos) tuvieron, según lo que declaró la empresa ante el Municipio, un aumento de casi el 60 por ciento en un año a pesar de que los empleados con convenio recibieron sólo el 27 por ciento.

Esas son las pruebas que empujaron al fiscal a imputar a los dos empresarios. El caso Gamsur, que en un principio fue considerado sólo un escándalo político, está dando sorpresivos frutos en la Justicia.

La cronología

El 21 de enero de este año, Gamsur le reclama al Municipio 12,6 millones de pesos en concepto de los mayores costos que debió enfrentar en 2008 por efecto de la inflación. Entonces, el secretario de Economía era Marcelo Terzo, el mismo que había tenido que resolver el pedido de 2007, un año que también está bajo investigación.

El 23 de abril de 2009, el secretario de Economía, Guillermo Mana, dictaminó que la cifra presentada por Gamsur era excesiva y estableció que la cifra real de los mayores costos del 2008 era de 7,5 millones de pesos.

El 2 de julio de este año, después de tres meses de una auditoría contable dentro de la empresa, el Tribunal de Cuentas dio una conferencia de prensa en la que detalló que los técnicos habían fijado el monto de mayores costos en 5 millones de pesos.

En julio, los concejales Eduardo Scoppa y Enrique Novo presentaron la denuncia en la Justicia.

El 25 de agosto, el fiscal Rivero imputó a Juan Carlos Masoero y Alcides Capello por intento de fraude al Estado. También quedó imputado Martín Abasolo.

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