La Ley de Participación Público-Privada (PPP) era el anhelo del Mauricio Macri para cuando organizó la feria de inversiones que convirtió al Centro Cultural Kirchner en un mini-Davos. Sin embargo, pasaron tres más hasta que los Senadores la aprobaran el 16 de noviembre de 2016 y el Poder Ejecutivo se demoró tres meses más en reglamentarla.

Desde entonces, por Vialidad Nacional son frecuentes las visitas de empresarios invitados a familiarizarse con la nueva normativa que revoluciona la forma de financiamiento de la obra pública: el Estado se hace cargo de poner una parte del financiamiento y el socio privado facilita el resto, por lo que la presión sobre el gasto público disminuye sin que merme la cantidad de las obras de infraestructura.

Este sistema es el que permitió a Chile, España y México, alcanzar niveles de obra pública inéditos. La impresionante extensión de los subtes de Santiago y Madrid es uno de los casos más resonantes y explican el atraso de Buenos Aires. La Ciudad no puede financiarla por sí misma. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larretra, es uno de los más interesados en que funcione la norma (ver recuadro).

El elevado costo de financiamiento local es una de las trabas más importantes del régimen de PPP. El director de Vialidad, Javier Iguacel, todavía no logró entusiasmar a ninguno de los empresarios a los que convoca a su despacho. 

 

Por eso, frente a la necesidad de reducir dos puntos del PBI el déficit público el año que viene para cumplir con la meta fiscal, para el Gobierno es clave que se ponga en práctica esta ley. Con 2% del PBI anual invertido en infraestructura en 2008-2013 y la urgencia por al menos duplicar este ratio para equiparar el promedio regional, el mismo presidente del Banco Mundial advirtió la semana pasada que Argentina necesita destinar 5% de su PBI durante 15 años para recomponer su competitividad.

 

Sin embargo, en el ascensor al retirarse de la oficina del director Javier Iguacel, se puede escuchar la disconformidad de los empresarios con los términos de las propuestas. El costo de tomar financiamiento en el mercado local es elevado, y la promesa de repago mediante concesiones no genera la suficiente confianza habida cuenta de los antecedentes recientes de nacionalización de empresas y de congelamiento de tarifas.

 

El Infrascopio 2017, un documento elaborado por la unidad de inteligencia de The Economist por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubicó a la Argentina en el puesto 17 de los 19 países evaluados solo por encima de Venezuela y Ecuador. Mediante este documento, el BID busca medir "la habilidad de un país de movilizar la inversión privada hacia la infraestructura mediante PPPs" mediante 23 indicadores que van del 0 al 100.

En 2017, Argentina obtuvo un puntaje general de 48 y así quedó en el grupo de los cinco países que quedaron encuadrados en el nivel "nacientes" por sobre Venezuela (8/100) y, Ecuador (44/100), y debajo de República Dominicana (49/100) y Panamá (51/100). Y muy lejos de los países calificados como "desarrollados", que lideraron el ranking: Chile y Colombia empatados con 74/100, Brasil con 72/100 pese al escándalo de corrupción, Jamaica (71/100) y Perú (69).

La principal carencia de Argentina, de acuerdo con este informe, se relaciona con la falta de maduración de proyectos (39/100), el escueto marco institucional y la dificultad de financiamiento (42/100). Por el contrario, sus mejores puntos son el clima de inversión (55/100) y la nueva regulación (60/100).

Hasta el momento, a 9 meses de su promulgación la nueva Ley de PPP no llegó a materializarse. Puntualmente, para uno de los rubros más urgentes en materia de inversiones, la Energía, el Gobierno ha optado por seguir el camino tradicional de las licitaciones con el incentivo de remuneraciones extraordinarias por capacidad instalada. 

Y para el otro rubro más postergado, Transporte, tampoco se han visto resultados, pero hay un proyecto encaminado: el proyecto del tren a Vaca Muerta, dijo el ministro Guillermo Dietrich, que está "muy avanzado" y que se hará a través del sistema de financiamiento de "Participación Pública Privada (PPP), con una inversión de entre US$ 400 y US$ 500 millones con probable fecha de inicio de obras en el segundo semestre del año próximo". Se verá.