Impulsan el Sistema Acusatorio como alternativa para dinamizar la Justicia

La Rioja se mete de a poco en el cambio del Sistema Procesal Penal, en una reforma impulsada por los miembros del Poder Judicial. Advierten que hay que dar soluciones integrales
Las altas cifras de impunidad, la mora en los procesos, la ausencia o deficiencia de la investigación, impulsaron reformas estructurales al sistema penal en varias provincias y La Rioja se sumó, en las últimas semanas, al debate.

Se trata de un cambio en el proceso penal, de un sistema mixto o inquisitorio a uno acusatorio, que paulatinamente avanza con el impulso de funcionarios del poder judicial y los fiscales.

La modalidad ya lleva diez años funcionando en la provincia de Buenos Aires, aunque la pionera en adoptarlo fue Córdoba y desde hace pocos años funciona en Chubut. También hay modificaciones similares en La Pampa, Neuquén, Corrientes y Entre Ríos que se orientan a dividir las tareas de investigación y juzgamiento.

En la Provincia, la Legislatura avanzó la semana pasada en el estudio de un proyecto presentado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Ávila y el fiscal general Claudio Ana, para agilizar los casos de flagrancia, que manifiesta una voluntad política por impregnar de a poco el servicio de Justicia bajo esos principios.

El sistema

El sistema acusario -define una revista especializada- propone al fiscal como protagonista de la fase de instrucción judicial, que finaliza con el dictado de la sentencia del juez de garantías. Como contrapartida está el sistema inquisitorio en el que el juez está a cargo de la etapa de instrucción judicial reunido las facultades de inquirir y juzgar.

Los beneficios del mismo se materializan en la simplificación y dinamización de la actividad en la investigativa judicial, que estaría a cargo del Ministerio Público Fiscal. Allí se prioriza la recolección en forma ágil e informal de todos aquellos elementos que le permitan fundar su requerimiento, para encontrar sospecha suficiente del involucramiento del acusado en el hecho.

Exponentes

La adopción de esta forma de administración de Justicia tiene el aval del Consejo Federal de Política Criminal, cuya titular es la procuradora general de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. La funcionaria sostiene que el único sistema constitucional y que respeta los pactos internacionales a los que adhiere la Argentina, es el acu- satorio, por lo que solicita que no sólo se fortalezca en las provincias donde está vigente, sino que se implemente donde aún rige un sistema inquisitorio o mixto.

Pero al mismo tiempo Falbo determina que debería reafirmarse la autonomía del Ministerio Público respecto a los otros poderes del Estado como una cuestión de máxima trascendencia institucional.

Falbo destacó, además, avances en materia de descentralización de sedes de las fiscalías y defensorías para acercar el servicio de Justicia a la comunidad en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y del proceso de "Flagrancia" que se aplica en casos en los que el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después y siempre que se trate de delitos cuya pena no supera los 15 años de prisión.

El imputado es sometido a un proceso totalmente oral, que permite llegar a una sentencia en menos de tres meses, con lo que profundiza el sistema acusatorio, mejora la capacidad de respuesta del sistema penal, optimiza la gestión de los recursos materiales y humanos, agiliza las causas y acorta plazos judiciales.

Otra de las defensoras del sistema es la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco que sostuvo hace pocos meses en Entre Ríos que el cambio del sistema inquisitivo, donde las causas judiciales son llevadas adelante por un juez de Instrucción que además debe garantizar los derechos del acusado, al acusatorio, donde el peso de la causa recae en un fiscal que debe reunir las pruebas para poder acusar, es "una real modernización".

"Es un cambio copernicano casi en materia de Justicia Penal. Normalmente además, da ventajas: hay una adecuada acusación y una adecuada defensa. Es un sistema muy moderno", recalcó.

Fiscales

Por su parte, en un encuentro celebrado en mayo en la Capital Federal, que contó con la presencia del ministro de Justicia Aníbal Fernández, fiscales de todo el país pidieron dirigir las investigaciones penales.

Los funcionarios se pronunciaron en apoyo del sistema procesal acusatorio, en el que "los fiscales investigan, los jueces controlan las garantías y el veredicto se determina en un juicio oral" y consideraron que el juez no puede investigar y juzgar a la vez.

La posición quedó aprobada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que preside el fiscal general de la Corte de San Juan, Eduardo Quattropani.

"La política de Estado respecto a la Justicia la fija el poder político, pero ésta debe ser integral para lograr un sistema acusatorio con una policía administrativa dedicada a la prevención y la de función judicial a la investigación", explicó Quattropani.

El titular del Consejo de procuradores, detalló: "Las reformas que se hagan en materia de justicia y seguridad deben ser estudiadas en profundidad y consensuadas entre el poder político y los funcionarios judiciales, para evitar ya conocidas medidas espasmódicas que sólo conducen al fracaso".

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