Impulsan reparto equilibrado de pauta oficial en Villa María

Villa María. El bloque de la democracia cristiana (DC) quiere darle un marco regulatorio a la distribución de la pauta publicitaria que maneja el municipio administrado por Eduardo Accastello. Y lo quiere hacer con el consenso de la prensa local.

A tal fin, distribuyeron un anteproyecto entre los medios de comunicación, para que sean estos los que hagan los aportes antes de que la ordenanza sea discutida en el Concejo Deliberante.

El concejal Ricardo Pereyra sostuvo que se busca otorgar "mayor transparencia" a la distribución de la pauta, como un modo de "garantizar mayor independencia editorial y profesional a medios y periodistas".

En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que "la discrecionalidad en la distribución de los recursos del Estado en la publicidad oficial se transforma en una censura indirecta que atenta contra la libertad de expresión, somete a los medios más permeables y desinforma al pueblo".

La propuesta enumera principios y valores que debería seguir la publicidad oficial y plantea excluir imágenes o voces de "autoridades o funcionarios públicos, que supongan promoción personal, especialmente en épocas electorales".

En el Ejecutivo municipal, desde donde se distribuye la pauta publicitaria a los medios locales, dijeron estar sorprendidos por el proyecto.

Los concejales democristianos proponen un registro en el que deberán inscribirse las publicaciones y emisoras interesadas en recibir publicidad oficial, quedando excluidos empleados o funcionarios municipales y proveedores de otros rubros.

"Para asegurar la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad, como también los contratos que se formalicen con los respectivos medios, deberán ser publicados en el sitio web oficial", proponen.

También se proyecta crear una comisión que reglamente la distribución de la pauta, para "garantizar la igualdad de oportunidades y el reparto equitativo a los futuros interesados"".

Otro de los puntos a reglamentar es el precio, proponiendo que lo pagado por publicidad oficial "en ningún caso podrá ser superior a lo que por los mismos paguen los anunciantes privados".

La democracia cristiana tomó entre sus referencias un proyecto similar aprobado en Alta Gracia y cita al abogado Miguel Rodríguez Villafañe, al sostener que "es muy grave" que la ciudadanía financie con sus recursos "una comunicación que termina subsidiando a los medios que se ocupan de no informar determinadas cuestiones por connivencia con el poder".

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