Impulsan ordenanza de ética pública para los funcionarios

Lo presentó el concejal Daniel Pardo que propone una serie de requisitos para quedarse en el cargo. De no cumplirse, los funcionarios tendrían sanciones, multas y hasta podrían despedirlos. La autoridad de aplicación sería el Tribunal de Contralor
El Concejal Daniel Pardo (P.P.R) presentó el viernes pasado un informe detallado con los deberes, prohibiciones e incompatibilidades para todas aquellas personas que se desempeñan en la función pública ya sea de manera transitoria o permanente; es decir, funcionarios y empleados del Estado Municipal.

"En el último tiempo se propició una normativa tendiente a enriquecer el vínculo entre lo público y la sociedad, fortaleciendo los canales de participación. Paradójicamente, la normativa no hizo hincapié en la conducta general de aquellos que ocupan un cargo público", resaltó Pardo resaltando como un gran paso la obligatoriedad en la presentación de la declaración jurada por parte de los funcionarios Sin embargo, aclaró que este proyecto va más allá, "existe un vacío normativo enorme que debemos cubrir".

Según informaron desde el P.P.R el proyecto tiene catorce ítems que conforman el artículo referido a los "Deberes y Pautas de Comportamientos". Estas son: “dar cumplimiento a la Constitución Nacional, la Constitución de Río Negro y la Carta Orgánica Municipal, mostrar la mayor transparencia en cada una de las decisiones, proteger los bienes de uso público, tender a la igualdad y razonabilidad en los procedimientos de contrataciones públicas, no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, no restringir el acceso a información -a menos que una norma lo exija-, abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas atinentes a la función pública; abstenerse de utilizar la propiedad, servicios o instalaciones del Estado para su beneficio particular, son sólo algunas de las pautas de ética pública que funcionarios y empleados municipales deben cumplir”.

"Es algo así como un requisito de permanencia en el cargo que, en caso de no cumplirse, de acuerdo a la gravedad de la falta, habrá sanciones, multas y hasta remociones. Y será el Tribunal de Contralor la autoridad de aplicación de esta ordenanza", remarcó Pardo.

Por otra parte, la iniciativa establece también una serie de incompatibilidades para aquellos que ejercen la función pública. "En esta caso, hablamos de aquellos que sean proveedores, por sí o por terceros, de los organismos del Estado Municipal donde desempeñan funciones, o cuando de ellos dependa directa o indirectamente la correspondiente contratación. O bien quienes reciban directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que otorgue la administración municipal. O aquellos que se desempeñen al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público municipal remunerado, cualquiera sea su categoría o característica", señaló el edil del Partido Provincial Rionegrino.

La ordenanza establece también que están inhabilitados de ejercer la función pública quienes acepten beneficios personales en la realización de actos relacionados con la función o aquellos que usen las propiedades y bienes del Estado Municipal ya sea en beneficio personal, de amigos, familiares o de empresas o acciones privadas, entre otros. Es una inhabilidad, por ejemplo, recibir cualquier tipo de ventaja o beneficios aprovechando la función pública.

Pardo resalta en su proyecto los fundamentos de la misma Convención Interamericana contra la Corrupción: "La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos".

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