La iniciativa contempla la creación de una licencia especial para las mujeres víctimas de este flagelo y está destinada a las trabajadoras que se encuentren dentro del régimen de empleo público.

Según la norma, podrán gozar de tal licencia, quienes sufran situaciones enmarcadas en la ley nacional 26.485, de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Las trabajadoras deberán presentar una certificación emitida por “organismo o dependencia administrativo/a y/o judicial correspondiente, los servicios sociales de atención o cualquier centro de salud con competencia para la atención y asistencia a las mujeres en situación de violencia”.

De esta manera, no sólo las faltas estarán justificadas sino también las faltas de puntualidad en el trabajo. Asimismo, establece que “según la complejidad del caso”, el empleador deberá extender la licencia y reducir la jornada laboral.

En tanto, otro de los artículos indica que “al otorgarse la ‘licencia laboral por violencia de género’ se dispondrán medidas para el acompañamiento, seguimiento y abordaje integral a través de los organismos competentes”.

Para el diputado, “esta ley apunta a reconocer que la violencia de género no es una enfermedad, ni un asunto particular o privado de las mujeres sino que es una manifestación cultural creciente de desigualdad y poder que el Estado debe reconocer a través de normativas específicas y políticas públicas”.