La legisladora Natalia Fidel (SUMA+, ECO), en coautoría con Maximiliano Ferraro (CC-ARi), Adrián Camps (PSA), y Hernán Rossi (SUMA+, ECO), presentó un proyecto de ley que surge del trabajo realizado en la Comisión Especial de Reforma Política que Fidel preside.

En la Ciudad de Buenos Aires desde 1996, cuando comenzaron a elegirse las autoridades en forma directa, se realizaron 6 procesos electorales. En 5 de ellos existió una instancia de debate entre candidatos a Jefe de Gobierno, organizada siempre por un canal de televisión de gestión privada, y en todos los casos, la opinión pública valoró positivamente la discusión de ideas.

Al respecto, Fidel opinó: “Quienes se proponen a la ciudadanía para gobernar y representarlos tienen la obligación de informar cuáles son sus propuestas. Más allá de las formas de propaganda que cada agrupación política decida libremente adoptar de acuerdo a su estrategia de campaña, el debate es una instancia que garantiza que los candidatos respondan y se manifiesten sobre otros temas, quizás poco explorados en sus campañas pero relevantes para la ciudadanía”.

Con el objetivo de institucionalizar el debate, el proyecto trabajado en el seno de la Comisión de Reforma Política incluye como actores obligados a debatir a los candidatos a Jefe de Gobierno, Vice Jefe, así como al primer candidato a Legislador y a Juntista Comunal de la lista. Tradicionalmente, los debates se han reservado para los candidatos a Jefe de Gobierno. Sin embargo, la autora del proyecto explicó que “la ciudadanía tiene derecho conocer la propuesta de los candidatos de cada una de las categorías, ya que las materias sobre las que trabaja cada uno son diferentes y todas hacen de igual manera a la gestión de la Ciudad. Es una obligación de los candidatos contar sus propuestas y un derecho de la ciudadanía poder conocerlas”.

Otra novedad que introduce este proyecto es la realización de una encuesta a los vecinos a fin de que sus respuestas, y por ende sus preocupaciones y prioridades, sirvan de base para elegir los temas sobre los que deberán debatir los candidatos. Así, dijo Fidel, “se garantiza que el debate sea, de verdad, un espacio para resolver las inquietudes de los ciudadanos”.

Por otro lado, con el fin deasegurar las condiciones de igualdad de participación, se establece un reglamento en el cual se regulan las condiciones en las cuales se realizará el debate: este será transmitido en forma obligatoria por todos los medios de la Ciudad y, para garantizar la mayor difusión posible, se liberará la señal con el objetivo de que los demás medios también puedan transmitirlo.

Por último, explicaron que la condición de “obligatorio” no implica restringir la libertad de cada candidato, simplemente permite incorporar una sanción a la decisión de no participar. Esta sanción es justa si consideramos que en nuestro país el ciudadano está obligado a votar y si no lo hace, y no justifica su voto, es pasible de una sanción.

El proyecto, fruto del consenso logrado entre los coautores en la Comisión de Reforma Política, ahora deberá ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que deberá darle luz verde para llegar al recinto.