Impugnaron el estudio de impacto ambiental acumulativo de la provincia

Las organizaciones indígenas y criollas que presentaron un amparo contra los desmontes en Salta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación impugnaron el estudio de impacto ambiental acumulativo presentado por la provincia ante este tribunal.
Se basaron para ello en las observaciones realizadas por un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de Salta e independientes que tras analizar este estudio y el ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) llegaron a la conclusión de que no son "instrumentos adecuados para garantizar una transición segura hacia un futuro más sustentable y equitativo para la región".

Así lo informó la abogada Alicia Oliveira, que, junto a su colega Gustavo Ferreyra, representa legalmente a los habitantes originarios y pequeños campesinos que se oponen a la continuidad de los desmontes y la tala en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

La impugnación fue presentada el martes último. También se fundó, aunque en menor medida, en la presentación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que hizo críticas al estudio de impacto ambiental realizado por la provincia.

El 6 de agosto la provincia presentó dos trabajos ante la Corte Suprema: el estudio de impacto ambiental acumulativo y otro de factura del ingeniero agrónomo Carlos Saravia Toledo.

Aunque la Corte Suprema había ordenado que el estudio de impacto ambiental fuera concretado por la provincia y la Secretaría de Ambiente de la Nación, finalmente, tras revisar este trabajo, la Nación hizo una presentación por separado, de tenor crítico con el trabajo de la provincia, aunque en sus conclusiones concede que hubo poco tiempo para realizar el trabajo.

Entre otras observaciones, el documento de los académicos de la UNSa y de especialistas independientes sostiene que la participación ciudadana en los procesos que condujeron a la elaboración del estudio de impacto ambiental acumulativo y el OTBN "fue insuficiente, incompleta y fragmentaria", no se establecieron mecanismos para que la participación de los pueblos originarios "sea plena, sincera, real y efectiva" y no se explica la forma en que se vincularon sus opiniones con la identificación de los impactos ambientales.

Asimismo, destaca que el estudio se limitó a la provincia, a pesar de que muchos de los impactos y sus causas directas e indirectas "tienen un marcado carácter regional que trasciende las fronteras administrativas y las divisiones políticas".

Además, no observaron compatibilidad entre el mapa de zonificación del ordenamiento territorial salteño con los de las provincias vecinas.

Por otra parte, se usó una metodología de valoración económica de bienes y servicios ambientales que es "inaplicable por razones técnicas y éticas en regiones con diversidad cultural y/o distintas y hasta antagónicas visiones sobre el modelo de desarrollo". Y el ordenamiento territorial "no parece haber tenida en cuenta el principio precautorio para decidir la zonificación".

Las observaciones añaden críticas a las "deficiencias metodológicas y conceptuales" del estudio, y la falta de coordinación entre los dos estudios presentados por la provincia.

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