El desplazamiento del juez Luis María Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal, días antes de tener que fallar sobre el acuerdo de Irán por el ataque a la AMIA, generó hoy nuevas expresiones de repudio de parte funcionarios judiciales y políticos, entre los cuales Mauricio Macri llamó a la sociedad a “movilizarse”.

En ese sentido, profesionales del Derecho y funcionarios de la Justicia comenzaron a organizar una nueva movilización en defensa de “un Poder Judicial independiente” y repudiar los avances del gobierno kirchnerista en el sector.

La convocatoria surgida tras el desplazamiento de Cabral y que su difusión suma espacios en las redes sociales, planea una concentración para el próximo 14 de julio, a las 19, en la Plaza de Mayo.

“Queremos lograr que la política garantice una verdadera República y un Poder Judicial independiente”, señalaron los organizadores en mails y mensajes que distribuyeron en las redes sociales.

La manifestación intentará volver a reunir a funcionarios judiciales, abogados y dirigentes políticos como ocurrió a fines del año pasado en apoyo al fiscal José María Campagnoli o en febrero, a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Los organizadores dijeron que “es una verdadera iniciativa espontánea, de todos y para todos” y destacaron que querían “mostrar que somos muchísimos, sin personalismos ni parcialidades”

A LA JUSTICIA

Mientras, diputados nacionales del PRO presentarán mañana el pedido de una medida cautelar para reponer al juez Luis María Cabral en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y denunciarán penalmente a los consejeros del Consejo de la Magistratura que lo separaron del cargo a días de un fallo sobre la constitucionalidad del acuerdo con Irán por el caso AMIA.

La presentación llevará la firma de los diputados Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. La denuncia contra los consejeros es por los presuntos delitos de impedimento y obstrucción de justicia, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, según informaron.

La denuncia también se extenderá hacia el nuevo juez subrogante en Casación, Claudio Marcelo Vázquez, quien fue designado para suplir en sus funciones a Cabral.

“MANIOBRA DELICTIVA”

Alonso explicó que hubo una “maniobra delictiva de la mayoría oficialista en el Consejo” ya que “se arrogaron de manera insólita la función de hacer cesar a los jueces subrogantes, que tienen la garantía de inamovilidad del artículo 110 de la Constitución, en protección de su independencia”.

Además, señaló que los subrogantes “duran en ese cargo hasta ser reemplazados por uno designado conforme con el procedimiento constitucional normal”.

Los consejeros oficialistas, apuntó, “inauguraron con Ulpiano Martínez y con Cabral esta inventada potestad de separar jueces subrogantes. Al primero para sacarlo de causas que comprometen a Báez en Bahía Blanca y a Cabral para evitar su voto de inconstitucionalidad del memorándum con Irán, cuya definición era inminente”.

Pinedo advirtió a su vez que “sacar a un juez honesto para poner un juez kirchnerista es un abuso” y “un delito contra el derecho del pueblo, a la convivencia en paz y a tener jueces imparciales”.

Bullrich remarcó en un comunicado que “el oficialismo convierte al Consejo de la Magistratura en un órgano que, de acuerdo a las sentencias previsibles, acomoda a los jueces, discrecional y salvajemente, para que voten lo que el Gobierno les ordena”.

UN FALLO CLAVE

En la semana, el Consejo de la Magistratura impuso su mayoría kirchnerista y removió en su carácter de subrogante de la Cámara Nacional de Casación Penal a Cabral, quien el martes próximo debía votar sobre el memorándum de Entendimiento de Argentina con Irán por el atentado a la AMIA.

En ese lugar, el oficialismo nombró a un conjuez allegado a la administración de Cristina Fernández y nombró a otros dos conjueces en Casación para reemplazar a los magistrados Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, titulares del tribunal pero ocupaban dos vocalías vacantes.

La dirigencia de DAIA y AMIA pidió a la Cámara de Casación Penal que Cabral vote el martes -su sufragio fue guardado en un sobre lacrado en una caja fuerte de la secretaría del tribunal-, solicitud que coincide con el reclamo en ese sentido del fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Pleé.

En este agitado escenario, pero en la vereda de enfrente, María Laura Garrigós de Rébori, jefa de la organización cercana al Gobierno “Justicia Legítima”, defendió la remoción de Cabral. La presidenta de la Cámara de Casación Penal dijo que “Cabral cubría una subrogancía en una fiscalía en la Cámara local de Casación desde hacía cuatro años sin un procedimiento de designación de subrogante, interinamente”, por lo que remarcó que al desplazarlo “lo que pasó es que se cumplió con la ley”.