Impugnan a los letrados del sur que pelean por el CAM

La JEP resolverá los planteos contra Jorge Cinto y Eduardo Fernández. La Junta Electoral también recibió una objeción general contra la integración del órgano encargado de seleccionar a los jueces.
Los dos candidatos titulares de las dos listas que se medirán en las urnas para representar a los abogados del sur ante el Consejo Asesor de la Magistratura, fueron impugnados ayer en la Junta Electoral Provincial. Los cuestionamientos fueron efectuados contra Jorge Eduardo Cinto (enfrenta dos presentaciones con igual argumento) y contra Eduardo Fernández.

Mario Alfredo Rodríguez objetó a ambos, con planteos diferenciados. Sobre Fernández afirmó que no puede postularse porque tiene una denuncia penal por el manejo económico realizado en el Colegio de Abogados del Sur durante el último tramo de su presidencia (dejó el cargo en 2008). Respecto de Cinto, lo cuestionó por haber sido magistrado durante el proceso militar, lo cual -aseveró- le generaría un impedimento moral para participar en la selección de jueces.

Por esta misma razón, Cinto fue objetado por los apoderados de la lista que impulsa a Fernández. Carlos Garmendia y María Belén Orellano García recordaron que el candidato rival impugnado se desempeñó como juez de Instrucción Penal y de Familia en Concepción entre 1976 y 1983.

"Carece de idoneidad moral y no tiene compromiso con la democracia ni con la defensa de los derechos humanos. No debe soslayarse que fue juez penal durante la época en que se vulneró la libertad, la integridad y la vida de las personas. Se está creando un nuevo órgano constitucional para seleccionar magistrados que breguen por una Justicia más independiente, comprometida y eficiente. Sus antecedentes son absolutamente contradictorios con el perfil buscado para integrar el CAM", aseguraron. Agregaron que no puede impedírsele el ejercicio de actividades privadas, pero es distinto el ejercicio de cargos públicos.

Al mismo tiempo, ingresó ante la Junta Electoral Provincial una impugnación al proceso general de integración del cuerpo encargado de seleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales (sin cuestionar a un candidato en particular). Fue presentada por Alfredo Hugo Gómez, quien notificó de la existencia de una causa judicial ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en contra de la constitucionalidad global de la Ley 8.197, de creación del CAM y pidió que se suspenda el trámite electoral hasta que haya una sentencia firme.

En todos los casos, se cursó traslado de las denuncias a los acusados para que efectúen sus descargos hasta mañana.

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