Impugnan a Folloni por "haber atentado contra los DD.HH".

Los abogados David Leiva y Tania Kiriaco impugnaron ayer la candidatura a diputado nacional del dirigente renovador Jorge Oscar Folloni.
Pidieron a la Justicia Federal con competencia Electoral que lo declare "inhábil para competir" en las elecciones del próximo 28 de junio, "por inidoneidad ético-jurídica", dado que "se encuentra imputado e investigado en la causa del secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos" y porque fue parte de un gobierno surgido de un golpe de Estado.

Folloni es candidato a diputado nacional en la lista del PRS. Pero Leiva, integrante de Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y Kiriaco, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, consideran que no debe permitírsele participar del proceso eleccionario debido a que está comprendido en las consideraciones previstas en los artículos 36 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

El artículo 36 establece que quienes interrumpan por la fuerza el orden constitucional y el sistema democrático están "inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos". El inciso 22 del artículo 75 incorpora a la Constitución pactos y tratados internacionales de derechos humanos que protegen el sistema democrático.

Respecto de los hechos que se reprochan a Folloni, los impugnantes recordaron que fue secretario de Estado durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, "el que una vez instalado no solo derrocó a las autoridades civiles a través de un golpe de Estado, sino que produjo miles de víctimas, mujeres, hombres y niños, en todo el territorio nacional, en lo que se conoció como el periodo de terrorismo de Estado". La provincia y sus pobladores "sufrieron la aplicación de estas políticas genocidas".

Concretamente, Folloni está imputado en un proceso que se sustancia en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, en el que se lo investiga, junto al capitán de navío retirado Roberto Augusto Ulloa (gobernador de facto y luego constitucional) por "encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público" en relación a la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado el 2 de febrero de 1978 de su casa en Tartagal, cuando Ulloa gobernaba la provincia y Folloni era su secretario.

Leiva y Kiriaco afirmaron que Bustos fue secuestrado "luego de haber sufrido discriminación ideológica y de haber sido expulsado del Estado, en un plan que incluyó la cesantía de los establecimientos educativos en donde se desempeñaba como profesor y denegársele la adjudicación de un registro de escribanía".

Mediante el decreto 3498, dado en noviembre de 1977, "menos de tres meses antes de su secuestro y desaparición hasta la fecha", el gobierno a cargo de Ulloa se negó a adjudicarle a Bustos el registro notarial 32. Se basó para ello en "los antecedentes ideológicos del peticionante", tomados de datos suministrados por la Guarnición Ejército Salta, según contó el propio capitán de navío en su declaración ante la Justicia, en octubre de 2006. Para los impugnantes, este decreto, firmado también por Folloni, "anunciaba el destino final del escribano Aldo Melitón Bustos".

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