Las impugnaciones a los diputados electos

A horas del recambio en la Cámara de Diputados la semana que pasó estuvo signada por una polémica que fue ganando tensión a medida que pasaban los días.
Las impugnaciones a algunos de los diputados electos fueron el centro de esta polémica y aún no se sabe qué pasará el martes por la tarde cuando, en teoría, deban asumir sus bancas.

El Frente Cívico y Social fue el primero que salió a impugnar a los nuevos legisladores en una ofensiva que comenzó hace un par de meses y que el partido mantiene tenazmente para ver si logra su cometido.

El radicalismo presentó ante la Cámara de Diputados la impugnación a los títulos de las diputadas electas Silvia Gaitán (PJ - Chilecito), Alejandra Oviedo (Norte Grande - Chepes) y Adriana del Valle Olima (MOTEPO - Famatina). El partido centenario presentó un Recurso de Casación Parcial contra la Resolución de Proclamación de autoridades, emitida por el Tribunal Electoral el pasado 30 de octubre y aguarda con grandes expectativas la resolución que tome el TSJ en relación a la medida interpuesta.

Mientras tanto, el presidente del Bloque Justicialista Mario Guzmán Soria ya adelantó que esperarán la resolución de la Justicia.

En el Frente Cívico y Social aseguran que ya no dan los tiempos procesales para que el TSJ emita un dictamen antes del día de la asunción de los nuevos legislatores y por eso están confiados en que lograrán frenar el arribo a la Cámara de los diputados cuestionados.

Pero a la presentación del radicalismo se le sumó la que hizo Hugo Paez, intendente del departamento Coronel Felipe Varela, quien reclama para su agrupación la banca otorgada a Oscar Chamía.

Páez recurrió a la Justicia porque entiende que la banca debería ser para la agrupación 30 de Noviembre, cuya candidata fue Ada Campillay.

Finalmente otro diputado electo cuestionado es Néstor Bosetti. Una ciudadana, Ignacia Felicidad Garro presentó en la Legislatura un pedido de investigación sobre "venta y distribución de drogas" contra Bosetti.

La exposición fue presentada en el Ministerio Público Fiscal y tiene por objetivo lograr que Bosetti sea destituido una vez que asuma como legislador.

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