Es el adicional sobre el inmobiliario urbano y rural, que recaudaría casi $ 1.000 millones.
El Ejecutivo había adelantado que esa “contribución especial” estaba destinada a Seguridad y ayer la ministra de Economía, Silvina Batakis, explicó que será para los agentes con servicio de calle. “Este financiamiento irá para los policías, después de una modificación que debemos realizar en las horas cores (las extras del sector)”.
El pago de salarios a los 550.000 empleados públicos de la Provincia tiene un volumen que condiciona la administración de Scioli. Insume el 47% del presupuesto anual. Si se agrega el pago a docentes privados llega al 50% y con las jubilaciones dependientes del IPS se dispara al 65%. Educación tiene más del 90% de sus recursos comprometidos en sueldos.
Con este limitante, Buenos Aires puede abordar mínimos emprendimientos de infraestructura. La red vial de Buenos Aires atestigua este condicionamiento. Es parte de la demanda social, pero ahora las urgencias pasan por la seguridad pública. Por eso, esta salida de emergencia. En 2014 ingresarán 6.000 nuevos oficiales y suboficiales, de acuerdo con el ministro del área, Alejandro Granados.
El gobierno asegura que el aumento no tendrá mayor impacto en los contribuyentes del inmobiliario Urbano y del Rural.
“Se actualizarán los inmobiliarios con una tasa que es razonable: por ejemplo, el 80% de la partida rural pagará 6 pesos más por hectárea por año”, explicó Batakis.
Esta tarde, los funcionarios aportarán más detalles en la comisión de Presupuesto del Senado. El cálculo de gastos 2014 proyectado es 180.000 millones de pesos, con una necesidad de endeudamiento por 14.500 millones de pesos. La ecuación incluida en el Presupuesto es sin mención alguna a los incrementos salariales del año próximo. En este ejercicio fue del 23% promedio y consumió 12.000 millones de pesos adicionales. Nadie arriesga una cifra definitiva sobre el déficit final de las cuentas públicas en la Provincia.
El Presupuesto y la Ley Fiscal es un trámite parlamentario muy exigente para el oficialismo. El Frente para la Victoria no dispone de mayoría calificada para la aprobación de ambos proyectos.
Scioli necesita un acuerdo con otras fuerzas legislativas, de ambas cámaras, para obtener las sanciones respectivas.
El Frente Renovador y el Frente Progresista Cívico y Social adelantaron el rechazo, pero la discusión recién se inicia.
La aplicación de este adicional sobre el impuesto inmobiliario urbano y rural generó el rechazo de los productores rurales, que ayer cuestionaron duramente al gobierno provincial tras una reunión de la mesa agropecuaria provincial. Ante una situación similar, entre abril y mayo del año pasado se concretaron varias manifestaciones de ruralistas frente a la gobernación, algunas terminaron con hechos de violencia.
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