Impuestos distorsivos, una historia que continúa

Diciembre es clave para la economía del país pues quedan sin efecto impuestos distorsivos como el cheque, la ganancia mínima presunta y a los bienes personales. El tema es que el Gobierno envió al Congreso un proyecto para prorrogar este cobro que es resistido por la mayoría de los argentinos, entendiendo que no ven ningún tipo de beneficios de este tipo de carga.
Cada vez que llega esta época del año y comienzan a tratarse los temas de fondo que tienen que ver con las finanzas y la economía del país resurge la crítica sobre la carga impositiva que tiene la Argentina. Es que de repente las economías que menos tienen son los mayores perjudicados por este tipo de cargas. De acuerdo al último informe de IDESA, los legisladores tienen la oportunidad de rectificar estos criterios y, de esta manera, realizar un aporte muy relevante a favor del federalismo y del desarrollo económico y social.

De acuerdo al informe de este centro de estudios multidisciplinario, la presión tributaria ha alcanzado niveles récord. Sin embargo, el problema no es tanto el nivel de presión impositiva (que llega al 32% del PBI, pero en los países avanzados supera el 38%) sino el tipo de impuestos que se aplica y el uso que se hace de los recursos fiscales.

Se tiene que decir que el sistema impositivo argentino tiene el doble defecto de ser muy regresivo y muy desalentador de la actividad productiva. Bajo estas condiciones, no debería sorprender los enormes niveles de evasión y elusión que prevalecen en las relaciones económicas y sociales, y el proceso sistemático de decadencia que sufre el país. A su vez representa un alto costo para las pymes nacionales que tienen que afrontarlo. Por otro lado, esto ha sido un constante reclamo de centrales empresarias como la CAME o todas las cámaras empresarias del país.

La realidad es que si se hace un análisis pormenorizado del impuesto al cheque, éste recauda aproximadamente $20.000 millones de los cuales las provincias reciben sólo $3.500 millones. Lo que marca que hay una fuerte concentración impositiva de más de 16.500 millones de pesos en manos del Estado nacional.

En el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta, recauda aproximadamente $1.000 millones y se coparticipan a las provincias unos $600 millones. Éste es el caso de los impuestos que mayor distorsión produce en las empresas, es que se cobra por lo que presuntamente va a ganar en un periodo, lo que implica una terrible erogación para las empresas. Por último se encuentra el impuesto sobre los bienes personales que recauda $4.000 millones de los cuales las provincias reciben unos $2.400 millones.

Lo cierto es que entre los tres impuestos se generan aproximadamente $25.000 millones por año que representan alrededor del 10% de la recaudación total. De esto las provincias ven muy poco dado que les llega aproximadamente el 25%, fruto de la exacerbada centralización de los recursos públicos a nivel nacional.

Para que todo siga igual

Lo cierto es que tal cual están planteadas cosas no se observan muchas posibilidades de que el Gobierno cambie de parecer a la hora de cobrar más impuestos sin importar las consecuencias que ello acarree. Sin embargo de no mediar un acto legislativo estos tres impuestos dejan de tener vigencia a partir de enero del año próximo, el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso un proyecto de ley para prorrogarlos.

La realidad es que el proyecto "K" no contempla cambios de fondo. Propone sólo la prórroga hasta 2011 para el impuesto al cheque y hasta 2019 para el de ganancia mínima presunta y a los bienes personales. Con lo que asegura una importante caja a la hora de cobrar impuestos.

Cuando se analizan los problemas de cada una de estas cargas se observa que el impuesto al cheque desalienta la bancarización y con ello promueve la informalidad. En lo que va de 2009 la recaudación de este impuesto apenas ha aumentado un 4%, un valor muy por debajo de la inflación. Por eso, resulta muy recomendable transformar este impuesto en un pago a cuenta del IVA y del impuesto a las ganancias, como originalmente estaba concebido. Así se reducirán los incentivos a la informalización de las transacciones económicas y se promoverá una mayor recaudación de IVA y del impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia mínima presunta, por su parte, desalienta la inversión ya que se aplica aún cuando las empresas no tienen rentabilidad. Estando vigente el impuesto a las ganancias, que no tiene este defecto, es la oportunidad de eliminar este impuesto de alto impacto distorsivo. Finalmente, el impuesto sobre los bienes personales es un típico tributo que debería ser administrado por las provincias. Prorrogar su vigencia implica mantener la irracionalidad de que por un mismo hecho imponible (por ejemplo, la titularidad de un inmueble), las familias estén sometidas a la triple imposición del municipio, la provincia y la nación. Si los legisladores nacionales eliminaran este impuesto dentro del sistema tributario nacional, se generarían las condiciones para que las provincias mejoren sus sistemas tributarios. En lugar de gravar manifestaciones parciales de riqueza, a través del impuesto inmobiliario y sobre la propiedad automotor, tendrán la posibilidad de aplicar un impuesto mucho más justo y progresivo y con mayor potencial recaudatorio.

Dado que es muy difícil romper con las inercias, el vencimiento de estos tres impuestos constituye una gran oportunidad para comenzar a modernizar la organización del sistema tributario y del sector público en general. En manos de los legisladores está la posibilidad concreta de rectificar la iniciativa presentada por el Ejecutivo para hacer una contribución muy importante en la dirección para darle a la Argentina una organización verdaderamente federal y consistente con el desarrollo económico y social. VMGM

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