Impuestazo, rebaja salarial, ajuste político y freno a la obra pública; el cóctel del ARI

A destiempo, el Gobierno del ARI busca aplicar una serie de medidas que generan el rechazo popular, pero que entiende como único camino posible para salir de la coyuntura de la crisis económica implantada.
Insistir en aumentar los impuestos internos, bajar salarios con una compensación horaria, hacer un achique de la planta política y paralizar la obra pública que insume dinero de la provincia: es el cóctel de medidas que buscan aceptación.

La gobernadora Fabiana Ríos y sus colaboradores en materia económica no ven otro camino posible para salir de la coyuntura económica que se ha implantado en Tierra del Fuego, que adoptar medidas que son impopulares y que ella misma atacó cuando ocupaba el rol de oposición.

Por estas horas se habla que en Economía se está delineando un paquete de medidas que serán consensuadas con la Legislatura, porque la Gobernadora no quiere «pagar todo el costo político» que las mismas provocarán en la población, a pesar que algunas de ellas las pueda dictar por decreto.

De acuerdo a lo que ha trascendido hasta ahora, el Gobierno avanzaría en los siguientes temas centrales:

-Aplicar una nueva ley tarifaria, ya sea con carácter de provisorio o (si es mejor) definitiva, de manera de lograr una recuperación de los recursos internos que se vieron diezmados tras la caída de la «ley corta» y que le provoca no contar con ingresos de alrededor de 10 millones mensuales. Esta vez, el «impuestazo» tendría un efecto mayor.

-Rebaja salarial a todos los agentes de la administración central, entes descentralizados y demás poderes del Estado, menos en aquellos servicios que sean de extrema necesidad. A cambio se hará una compensación horaria que sería de dos horas. Esta medida sería igual a la aplicada en su momento por la administración de Carlos Manfredotti, para intentar orientar el gasto público y achicar el déficit (la masa salarial tiene un fuerte impacto en el presupuesto).

-Fuerte ajuste político. La Gobernadora quiere contar con la nueva ley de ministerios para achicar estructuras; sobre todo algunas secretarías de Estado que tienen rango ministerial y no prestan servicios adecuados a la comunidad y sólo son generadoras de gastos en sueldos, viáticos y servicios. El Ejecutivo buscará que el achique también sea generado en la cámara legislativa y en algunos entes descentralizados y autárquicos.

-Paralizar toda obra pública que sea solventada con dineros del Estado provincial y mantener solamente aquellas que tienen asignación específica del Gobierno central, mediante el programa federal que se ha convenido con el Ministerio de Infraestructura de la Nación y que implica un plan de obras de casi 26 proyectos.

Declarar la emergencia

Para poder adoptar las medidas enumeradas y otras que puedan surgir en el transcurso de estos días, la gobernadora Fabiana Ríos se verá en la obligación de declarar el estado de emergencia económica en toda la provincia; aquello que no quiso hacer en su momento cuando asumió el poder, con todo el respaldo popular.

Esta herramienta legal está llegando a destiempo, porque hoy Ríos y sobre todo el ARI (partido gobernante), tienen diezmado su poder político, tras la dura derrota del pasado 28 de junio, donde la gobernadora plebiscitó su gestión, según lo declarado por ella misma.

Es más, desde el seno del Gobierno están convencidos que tras la derrota electoral de junio el electorado fueguino «le ha pasado la pelota» a la oposición, para que sean los que dicten la regla de gobernabilidad y de esa forma la actual administración pueda completar su período en las fechas que establece la Constitución y evitar otra crisis político institucional, como ocurrió con el anterior gobierno.

Por supuesto, cuando se habla de garantizar que el ARI termine su mandato queda implícito que no hay voluntad política para que el pedido de juicio político contra la mandataria fueguina prospere y sea archivado sin más trámite, antes del 21 de agosto próximo.

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