El dato pasó casi desapercibido en la semana que pasó. La ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, le anticipó a los empresarios que forman parte del Consejo de la Américas, auditorio ante el que expuso el gobernador Daniel Scioli el jueves último, que se viene un nuevo aumento del Impuesto Inmobiliario bonaerense.

El incremento de este gravamen recaerá, principalmente, sobre la clase media bonaerense, el sector social que ya viene siendo severamente castigado con una inflación que carcome sus ingresos y una recesión que se traduce en despidos, suspensiones y  recortes de horas extras.

El gobernador Daniel Scioli, en marzo de este año, había negado que tuviera pensado aumentar el Inmobiliario:  “No sé de dónde sacan que va a haber una suba o actualización de impuestos. No vamos a hacer nada de eso”, aseguró. A las palabras se las terminó llevando el viento. Ante la imposibilidad de poder acceder a los mercados internacionales (la Provincia necesita entre 500 y 700 millones de dólares para cubrir sus gastos salariales y de funcionamiento), el gobierno provincial buscará nuevamente exprimir los bolsillos de los bonaerenses, siendo una naranja que hace rato dejó de tener jugo.

 El argumento que se esgrime la gestión de Scioli para defender la aplicación del aumento es que se trata de un incremento que “ya estaba previsto” y argumentan que “hace dos años que no se actualizan algunos impuestos”.

También  hablan de la posibilidad de que, antes de fin de año, el gobierno provincial impulse una reforma impositiva mediante un proyecto enviado a la Legislatura bonaerense.  Incluso desde el oficialismo ya comenzaron a sacar números y el principal escollo parece ser, nuevamente, el escenario en el Senado, donde la paridad entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador ya trabó una de los proyectos insignia de la gestión Scioli, como fue la Policía Local, obligando a que el mandatario provincial lo tuviera que sacar por decreto.

Nuevamente, como moneda de cambio, la Provincia le ofrecería a los municipios conducidos por la oposición, entre ellos varios en manos del radicalismo, fondos frescos a cambio de que los legisladores provinciales que responden a los intendentes levanten la mano a favor o, en su defecto, no pongan piedras en el camino. En definitiva, los acuerdos políticos los terminará pagando la gente.

Según pudo saber Hoy, la intención de la Provincia es tratar de mejorar los pobres números que está mostrando la recaudación del fisco bonaerense, sensiblemente afectada por la recesión y una inflación galopante que está carcomiendo el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Ahora bien, aumentar impuestos en el actual contexto económico, cuando todos los días se conoce que una empresa suspende o despide a su personal, lo único que generará es aumentar el descontento social. Peor aún, hasta podría resultar contraproducente ya que, como consecuencias de la crisis, una parte importante de la ciudadanía está dejando de pagar impuestos.

Algunos números informados por el propio Ministerio de Economía bonaerense hablan por sí solos: en el mes de julio de este año, en concepto de Ingresos Brutos, que es el gravamen más importante del fisco bonaerense, se recaudaron $5540 millones, un 29% más que igual mes del año pasado, cuando la gran mayoría de las consultoras privadas dan cuenta que la inflación se ubica entre el 35% y el 40%. Es decir, la recaudación está perdiendo por afano la carrera contra la inflación, siendo el costo de vida la principal variable que influye en la evolución de Ingresos Brutos.

En tanto, en lo que se refiere al Impuesto Inmobiliario, la situación es aún más apremiante. Se recaudaron $714,9 millones en julio, apenas 9% más que en igual mes de 2013.

Asimismo, el promedio mensual de recaudación de Inmobiliario Urbano edificado fue en 2013 de $250 millones, mientras que en lo que va de 2014 llega a $271 millones, apenas un 8,4% más. En el caso del Inmobiliario baldío ocurre prácticamente lo mismo: el promedio mensual de 2013 fue de $33 millones, y en 2014 apenas llega a $35 millones (+6%).

Asimismo, la aplicación del nuevo impuesto se dará justo después de finalizada la moratoria que impulsó el gobierno provincial, otorgando amplísimas facilidades como fueron las quitas de hasta 50% del monto total de lo adeudado. Es decir, se llevará la presión fiscal a un nivel insostenible y terminará castigando a los ciudadanos que hacen enormes esfuerzos para poder estar al día con sus impuestos.

La mayor presión tributaria de la historia

Desde distintos ámbitos económicos alertan que en la Provincia desde 2012 se viene registrando “un severo proceso de ajuste” que incluye aumentos en los impuestos, caída del salario público y recortes en los gastos esenciales de funcionamiento e inversión.

Concretamente, economistas alertan que la presión tributaria bonaerense llegó al nivel más alto de la historia, ya que en la actualidad alcanza a 6,9% del Producto provincial. El promedio para el período 1993/2007 fue del 4,2%.

El tributo que más aumentó es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que, además de ser el más regresivo, es el más inequitativo porque se traslada al precio final de los bienes y servicios que se consumen. La recaudación por Ingresos Brutos representa actualmente el 75% del total por impuestos propios -1,5 veces más que el promedio histórico- mientras que los impuestos patrimoniales están en el nivel más bajo de participación relativa, con sólo el 13%.

Por otro lado, en los cuatro años de su primera gestión, el Gobernador aumentó 22% la planta de personal, 5,2% anual o sea 4 veces por encima del crecimiento poblacional. Esto le impuso una enorme rigidez al gasto provincial. En consecuencia, sin computar las transferencias a los municipios, más del 85% del gasto total está destinado a pagar sueldos, jubilaciones y contratos de locación.