Móviles de la comisaría Primera, junto a funcionarios judiciales, se hicieron presentes para acompañar la medida dictada por la jueza de Garantías 2, Stella Maris Aracil, a pedido de la UFI 3, por medio de la cual se buscó librear el predio ocupado.

Tras varios minutos de tensión y de negociación con los ocupantes, las autoridades decidieron retirarse. Las familias, en tanto, ratificaron su voluntad de permanecer allí, al menos hasta que surja alguna solución concreta al reclamo habitacional.

“Nos vamos a quedar”

Sonia Krogslund, una de las mujeres que ocupa el inmueble, ratificó que los terrenos pertenecían a la empresa Tandilia SRL y que “son fiscales”, y aseguró que no fueron notificados sobre la medida que se llevó a cabo ayer, después del mediodía.

Contó que llegó al lugar el 10 de junio pasado, donde se instaló en una precaria vivienda, y que desde hace algunas semanas comenzó a construir una estructura de madera que será su casa “para poder vivir más cómodos”.

“Vine porque no puedo pagar más el alquiler. Mis hijas estudian, mi nuera también, y mi hijo está en el Ejército como soldado. Somos gente decente, trabajadora, que quiere un lugar para vivir”, justificó.

Convencida de la decisión de las tres familias que habitan en el predio, aseguró que “nos vamos a quedar”.

Por la tarde, superado el episodio, Krogslund, acompañada por otro de los vecinos que comparte la misma situación, Marcos Reyes, contó detalles sobre lo sucedido.

Describió que se hicieron presentes cuatro patrulleros, que uno de los abogados “nos insultó”, y que después “apareció otra persona con un hacha que quería romper las casitas. Lo que les molesta es que tenemos ranchos de barro”, dijo.

Por su parte, Marcos Reyes marcó que “tenemos luz, se paga Arba”, e informó que el conflicto con esas tierras “viene desde hace tiempo, cuando les rechazaron una orden de desalojo porque no tenían pruebas para justificar la titularidad del predio”, al parecer, en nombre de un privado.

Denunciaron la entrega de lotes en la zona a bajos valores y cuestionaron la ausencia del Servicio Local para la Protección y Promoción y Protección de los Derechos de Adolescentes y Niños durante el procedimiento de desalojo, teniendo en cuenta la presencia de menores de edad.

“Van a ir por todo”

En la escena también irrumpió la dirigente de la Corriente Clasista Combativa (CCC) Griselda Altamirano, también vecina de Villa Cordobita, quien realizó un planteo en torno a la situación habitacional del lugar.

Acompañada por Jorge Lezica, otro integrante de la agrupación, advirtió que “si permitimos que desalojen a estas familias, después van a ir por todo el resto del barrio”, y puntualizó que “hace más de catorce años hay unas 80 familias viviendo acá”.

Dijo que todas llegaron bajo las mismas circunstancias a una propiedad “acéfala, de una empresa que quebró”, y apuntó que “el Municipio hizo un juicio por deuda de impuestos y en teoría debía ceder el inmueble a los ocupantes”.

Más allá de ello, Altamirano certificó que el particular que reclama la posesión de las tierras “no puede acreditar la propiedad porque no es el dueño” y sin embargo “la fiscalía le tomó la denuncia, prosperó la causa, mandó a hacer un desalojo, no lo notifican y cuando lo hacen no llaman a los organismos correspondientes para proteger a los niños”.

Entre las acciones a tomar, la dirigente de la CCC adelantó que presentarán una medida cautelar a la orden de desalojo y que posiblemente convoquen a una movilización al Municipio, donde están “las herramientas para transferir la propiedad a todos los ocupantes”. 

El proceso legal

El abogado Rodrigo López Santoro se presentó en representación de un particular que se atribuye la adquisición de esas tierras desde hace más de una década, y trazó un panorama relacionado al proceso judicial iniciado a partir de la toma del predio.

En primer término sostuvo que “desde hace catorce años, Estanislao Campos detenta la posesión” de los terrenos en conflicto, y que durante ese período “pagó los impuestos, los tenía cercados y cuidados”.

Repasó que en julio del año pasado “ingresó una serie personas, que no son las que están actualmente acá porque vendieron y revendieron los terrenos”, y que, en consecuencia, se efectuó la correspondiente denuncia penal por usurpación.

Al avanzar el proceso penal luego se obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, la cual fue apelada por las familias y posteriormente rechazada por la Cámara, señaló López Santoro.

“Después varias notificaciones, constataciones y pedido de la Justicia para que desalojen el lugar en buenos términos, el Juzgado de Garantías dictó la orden de allanamiento y de desalojo compulsivo”, resumió sobre la medida que se llevó a cabo ayer.

El abogado resaltó que los terrenos “estaban desocupados” y que cuando se desplegó el operativo “comenzaron a llegar estas personas de todos lados”.

En resumen de lo expuesto, López Santoro enfatizó que, más allá de esta circunstancia “la realidad es que hay una disposición en un proceso judicial de que se reintegren los terrenos”.