Cada vez se nos hace más difícil parar a Axel”. Esa frase, dicha por un importante funcionario de la Casa Rosada, refleja la situación que se vive en el Gobierno. La tensión entre el ministro de Economía y varios de sus colegas va in crescendo. Uno de los que más sufre esta circunstancia es el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; otro es el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Ni que hablar del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Axel Kicillof, cuyo cargo debería denominarse “ministro de Economía, Inflación, Devaluación, Ajuste e Improvisación”, es implacable y hace sentir cada vez más el peso de su influencia sobre la Presidenta.

Todos estos atributos definen con precisión el cariz de una gestión que no tiene otro destino que el fracaso. Claro que, como es norma en el kirchnerismo, si las cosas no andan bien no es por causa de su mala praxis sino por la perversión de los otros. No importa cuán dura sea la circunstancia, todo es culpa de los medios y sus mentiras, los industriales, los banqueros, y un largo etcétera que constituye lo que podría llamarse “la confabulación antiargentina universal”.  

No importa si las automotrices suspenden a su personal y reducen sus actividades; no importa si cierran locales comerciales; no importa si aumenta el déficit fiscal; no importa si la balanza comercial es deficitaria; no importa si el dólar oficial y el dólar blue se devalúan todos los días; no importa si la inflación está fuera de control. Lo único que importa es decir que todo eso es culpa de los otros. Para ello, el “Ministerio del Humo”, que es como se autodenomina un grupo de funcionarios destinado a dar la gran batalla de la comunicación (sic), redobla esfuerzos para acercarle a la Presidenta datos de una ficción que es la esencia del “relato”, instrumento con el que el kirchnerismo pretende doblegar a la realidad.

Es por ello que han reverdecido los Aló Presidenta, cada vez más largos, inconsistentes y, por momentos, incongruentes. El último lo utilizó para, entre otras cosas, despotricar contra el cierre de la empresa Donnelley, situación que atribuyó a un intento de los fondos buitre para atemorizar al país. A los fines de conocer y comprender el caso, a la Presidenta le sería muy útil leer con detenimiento el minucioso artículo que Jorge Fontevecchia escribió ayer en PERFIL. Como consecuencia de su falta de conocimiento de los aspectos esenciales de este hecho ha anunciado que se le aplicará a la compañía la Ley Antiterrorista, peligrosísimo instrumento legal impropio de un Gobierno que pretenda ser progresista. No quiere decir esto que no haya habido desprolijidades en la forma como la empresa puso fin a sus actividades. Para investigar y sancionar eso, el país cuenta con legislación suficiente. Pero de allí a decir que algo está hecho para “aterrorizar” al pueblo hay un trecho.

Lo vago y subjetivo de este concepto, que exige ser empleado con cuidado, es inquietante. Son términos que retrotraen a épocas de dictaduras y que costaron a muchos la cárcel y a otros, la vida. Como siempre, el uso que el Gobierno hace de estos instrumentos y de estas descalificaciones es parcial. Lázaro Báez ha despedido a trabajadores y amenaza con cerrar algunas de sus empresas y, que se sepa, nadie del Gobierno ha salido a calificar esas actitudes como actos destinados a sembrar el terror. Cristóbal López ha echado gente de sus compañías y tiene con el corazón en la boca a los 152 trabajadores de Paraná Metal, a quienes se ha suspendido a causa de la caída de ventas en el sector automotor. No se han escuchado palabras duras contra esos empresarios K.

Una muestra de la peligrosidad que representa esta ley –es de esperar que el gobierno que suceda al actual no demore en enviar al Congreso el correspondiente proyecto de derogación– la dio el incidente que vivió nuestro colega de Santiago del Estero Juan Pablo Suárez, a quien se le quiso aplicar esta norma y meterlo preso por haber informado sobre la rebelión de la policía de esa provincia en diciembre pasado.

Para no quedarse corto en iniciativas que nos retrotraen al pasado, Kicillof le aconsejó a la Presidenta darle nuevas ínfulas a la vieja e inútil Ley de Abastecimiento. Para disimular sólo un poco, lo hizo bajo el pretexto de cuidar los derechos de los consumidores. Esto es lo “nuevo” que tiene el Gobierno para combatir la inflación. Otra vez, la culpa es de los otros.

Senadores y diputados del oficialismo con aspiraciones políticas han hecho saber su disconformidad con este proyecto que parece salido de la mente “creativa” de Guillermo Moreno. A propósito, ¿alguien se acuerda del plan Mirar para Cuidar que lanzó la Presidenta en mayo del año pasado para supervisar la observancia de los Precios Cuidados? Es probable que, a causa de su rotundo fracaso, ni ella misma lo tenga presente en su memoria. Es entendible, ¿cómo no perderse entre tanto “humo”?

Este proyecto ha tenido la virtud de unir en el rechazo a las distintas vertientes del empresariado nacional. El texto que descansa en los despachos de los legisladores contiene artículos que de implementarse acabarán con la empresa privada. El nivel de intervencionismo estatal es mayúsculo y pone la iniciativa en sintonía con lo que se aplica en Venezuela. De ponerse en práctica, el país habrá dado un paso más hacia la “chavización”.

Así como ocurrió con la Ley de Reforma del Poder Judicial, de ser aprobado, a este proyecto le aguarda un derrotero lleno de adversidad en los estrados judiciales. Los abogados de las distintas organizaciones empresariales ya están preparados para presentar los escritos reclamando la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma. Como se ve, es una historia de nunca acabar.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.