Impiden a compañía cobrar por la impresión y envío de facturas

La Justicia hizo lugar a una acción promovida por Acuba y declaró ilegal la decisión de la empresa "AMX Argentina" de cobrar 10 pesos por la impresión y remisión de las facturas.
El Juzgado en lo Civil y Comercial número 4 de Mar del Plata hizo lugar a la acción promovida por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios -Acuba- contra "AMX Argentina SA". y declaró ilegal la decisión de dicha compañía de cobrar 10 pesos por la impresión y remisión de la facturación periódica a sus clientes.

Tal como informó oportunamente LA CAPITAL, Acuba se presentó en representación de los consumidores de la provincia de Buenos Aires y pidió que se declare la ilegalidad de la modificación contractual anunciada oportunamente por la empresa -más conocida como "Claro"- consistente en el cobro de 10 pesos por la emisión y remisión de la correspondiente factura.

Asimismo la entidad solicitó que se concediera una medida cautelar tendiente a la suspensión de la modificación contractual, pedido que el Juzgado concedió el 7 de mayo último.

Tras varias semanas de análisis de la cuestión de fondo, el Juzgado dictó sentencia a favor de Acuba. "Para que el fallo esté firme debemos esperar a ver si la empresa apela pero por lo pronto ha sentado un precedente muy importante" reflexionaron los dirigentes de la organización, encabezada por Gerónimo Rossi.

En los considerandos de la sentencia, el doctor Raúl Eduardo Garrós relató que la firma "Claro" publicó el 8 de abril de este año un aviso en el diario LA CAPITAL anunciando la implementación de un nuevo sistema de facturación electrónica.

"A raíz del mismo -relata el magistrado- la consulta e impresión de las facturas a fin de abonar debería ser efectuada por el cliente vía internet y en caso de optar por continuar con el tradicional sistema de remisión de facturación impresa tendría un costo adicional de 10 pesos a partir del 8 de junio".

Para fundamentar su rechazo Acuba argumentó el principio de gratuidad de la información, la violación a los intereses económicos de los consumidores en virtud del doble cobro por un mismo servicio y la violación a las previsiones de la resolución 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica de la Nación.

En su sentencia el magistrado considera que la modificación pretendida por la empresa "importa una contravención al deber de información" e implica "una clara burla al principio de gratuidad de la información".

Asimismo considera que existe una "maniobra encubierta tras la anunciada protección del medio ambiente porque se intenta mantener el precio más bajo del mercado creando un cargo inexistente a la fecha o imponiendo en cabeza del consumidor la carga de autosuministrarse la información pertinente".

Comentá la nota