El impacto de la ley en los grupos de medios explica la resistencia

Además de hacer caer la fusión Cablevisión-Multicanal, esta semana el Comfer denunció penalmente a Francisco de Narváez por ocultar información sobre sucesivas compras de participaciones en el paquete accionario del grupo América, en el que es socio con el empresario Daniel Vila y el ex ministro del Interior menemista José Luis Manzano.
El miércoles por la noche, Vila, a la vez propietario del Grupo Uno, aseguró, mientras denostaba el proyecto oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que "hoy van por Clarín, mañana irán por los Pérez, pasado mañana vendrán por Uno Medios".

Sus palabras fueron reflejadas por Clarín y por el competidor del diario Uno de Mendoza, Los Andes, también propiedad del Grupo Clarín. En el acto en que Vila realizó esas declaraciones, estaban presentes los ejecutivos Miguel Bauzá, de Los Andes e Ignacio Drioller, de Clarín. A la vez, Clarín cedió espacios a ejecutivos de Cadena 3 para que escriban sus críticas al proyecto.

Las razones de esta confluencia de críticas al proyecto oficial se encuentra en las fuertes restricciones que la propuesta hace a la concentración de los multimedios. A Clarín y los grupos Uno y América los restringe con la imposibilidad de operar canales abiertos de televisión y ser dueños a la vez de compañías de cable.

Además, les impide ofrecer el servicio de cable en más de 24 localidades. También los obliga a desprenderse del negocio de producción de señales. Clarín tiene, además de TN, las señales Volver, Magazine y Metro.

Sólo podrá quedarse con la señal que use de cabecera para su cable. Pero no podrá comercializarla a terceros.

También los obliga, en localidades de más de 6.000 habitantes, a crear un canal local, con especificaciones sobre la proporción de contenidos producidos en esa localidad. De esta manera, en La Plata, Berisso y Ensenada, por ejemplo, donde Cablevisión tiene un canal regional, deberá volver a producir tres canales, como existía antes del proceso de concentración de cables que se produjo a mediados de los 90.

Con atraso. Anoche, pasadas las 20, en el entretiempo de Colón-Tigre, al programador de la televisión pública se le escapó uno de los spots que promocionan el debate por la nueva ley de radiodifusión. "Hace 30 años ver el clásico de los domingos no era para cualquiera. Hoy tampoco", dijo una voz en off mientras la imagen encuadra a un televisor blanco y negro.

La difusión del spot, pensado para el lanzamiento del proyecto en marzo, sonó atrasado anoche, tres semanas después de que se estatizaron los derechos de televisación de los partidos de primera y tras dos días de haberse conocido que la Jefatura de Gabinete contará con $ 600 millones anuales para mantener su pacto con la AFA.

Propuesta de una ONG para mejorar el proyecto

En el marco del debate del proyecto oficial de radiodifusión, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) difundió anoche dos propuestas para modificar aspectos de la propuesta K: las características de la autoridad de aplicación y la estructura de los medios estatales.

En el texto actual, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual estaría integrada por un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de la segunda y tercera minorías de la Comision Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audivisual.

Así, el órgano quedaría bajo la influencia del gobierno de turno. Para evitarlo, la ONG abogó por una mayor participación de las minorías parlamentarias, usar mayorías calificadas por parte del Congreso para confirmar o proponer directores, y dar participación a otros organismos –como el Consejo Federal– en la elección de candidatos.

Para la ADC, entidad que se ha caracterizado por un seguimiento crítico de la distribución de la pauta publicitaria oficial y por la garantía de los derechos de la prensa, la autoridad de aplicación no tiene que depender de un organismo de carácter político como la Secretaría de Medios de Comunicación y la duración de sus directores en el cargo no debería coincidir con los términos del mandato presidencial sino renovarse por mitades.

También, para asegurar la independencia de la autoridad, propuso que los directores estén protegidos contra despidos arbitrarios.

El sistema. En cuanto al sistema de medios estatales, ADC pidió explicitar la prohibición de que se favorezca unilateralmente a algún partido o grupo de poder en sus programas.

Además, sugirió que el financiamiento de estos medios provenga de fondos públicos, aunque señaló que se debería "contemplar la posiblidad de establecer esquemas mixtos" como lo hace el proyecto gubernamental.

La asociación también reclamó el tratamiento de leyes de acceso a la información pública, la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en cuestiones de interés público y la regulación de distribución de publicidad oficial de modo claro.

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