Es ilegal, pero el STJ aceptó revisar el jury a Peres

El máximo órgano judicial se metió en un tema estrictamente político. Sería curarse en salud para evitar que Peres recurra a la Corte y esta pudiera hacer lugar y que la cuestión le vuelva al STJ.
El Superior Tribunal de Justicia -sin resolver la cuestión de fondo- admitió que los fallos del Jurado de Enjuiciamiento son apelables y le dio un poco de aire al destituido presidente del Tribunal de Cuentas Natalio Peres, aunque la Ley 313 dice que no lo son.

La resolución conocida en las últimas horas admitió los recursos de casación e inconstitucionalidad presentados por la defensa del ex funcionario, pero nada dice acerca de su destitución. Firmaron el escrito la presidenta del Superior Tribunal, Rosa Elvira Vázquez, y los ministros Tomás Esteban Mustapich, Julio Alberto Pelizzari y Eduardo Fernández Mendía. No lo hizo Víctor Menéndez, quien fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento cuya actuación culminó con la separación de Peres y Rubén Rivero del Tribunal de Cuentas el pasado domingo 1 de marzo. Los otros integrantes eran los diputados Martín Berhongaray (Frepam) y Patricia Lavín (PJ), y los abogados Marina Vanini y Emil Koncurat.

Perés recurrió la resolución del Jurado de Enjuiciamiento argumentando que se habían vencido los plazos legales para someterlo al juicio, exceso que habría sido de 11 días. César Alberto Rodríguez, abogado de Peres, se refirió a tres aspectos para atacar la decisión del jurado de enjuiciamiento: inconstitucionalidad de la Ley 313 en la que se establece la inapelabilidad de sus fallos; la violación del plazo de 90 días que tenía para dictar la sentencia; y la incorrecta aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. En este último caso Perés había expresado en su momento que no era él ni Rivero responsables de los controles, sino los relatores a los que de esa manera dejó expuestos.

Peres, el empleado.

Cabe recordar que después de su destitución el destituido presidente del Tribunal de Cuentas, volvió a presentarse en la Subsecretaría de Trabajo en un cargo categoría 2 de la Ley 643 que tenía retenido. Si bien no tiene asignadas tareas el abogado ficha en el lugar, aunque algunos compañeros sostienen que con frecuencia se ausenta de la oficina.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue requerida por Marcelo Pedehontaá, subsecretario de Trabajo, para que informara cuál es la situación de Peres. Si bien no hubo información oficial, se supo que Juan Carlos Carola, titular de la FIA le habría pasado el tema al Ministro de la Producción, Abelardo Ferrán para que finalmente sea él quien decida. No obstante trascendió que Carola se habría basado en el artículo 45 del Estatuto del Empleado Público, y habría opinado que el Poder Ejecutivo debería anular la resolución que le permitió a Peres retener un cargo en la administración pública, durante la década que permaneció en el TdeC. Esa resolución, firmada durante el gobierno de Rubén Hugo Marín, es la que le permitió regresar a la administración pública. Se estima que si el gobernador Oscar Mario Jorge la anulara Peres debería dejar el cargo.

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