La igualdad: un debate pendiente

Por Adrián Ventura

La Procuración General, a cargo de Esteban Righi, no obstaculizará la investigación de las denuncias que se formulen contra integrantes de Montoneros, ERP u otros grupos por los crímenes de los años 70.

En 2005, la Corte Suprema declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos por militares y funcionarios estatales. Desde entonces cobraron impulso más de 1000 causas contra militares y policías que encarnaron el terrorismo de Estado.

Incluso, ante las reiteradas críticas del Gobierno por la lentitud de esos casos, hace un mes la Corte organizó una comisión interpoderes para agilizar los trámites judiciales y, por intermedio de la Cámara de Casación Penal, se completó la integración de varios tribunales orales con jueces del interior del país. Asimismo, la Corte intenta que antes de fin de año comiencen los juicios orales más complejos: ESMA, El Vesubio, I Cuerpo y El Olimpo. En cambio, el Gobierno todavía no impulsó la aprobación de la ley que permitirá nombrar 750 cargos, un anuncio que hizo con bombos y platillos.

Ahora, el paso dado por Righi, en alguna medida, también sirve para no trabar la investigación de denuncias, pero en este caso las que se presenten contra terroristas.

En 2007, el hijo del coronel Argentino Larraburu pidió la reapertura de la investigación por la muerte de su padre, pero un fiscal entendió que la acción para investigar el delito había prescripto y había que cerrar la causa. Esto originó un debate entre jueces y fiscales que todavía perdura, mientras la investigación no avanzó ni una sola línea.

Por supuesto, la Procuración General no avalará la posición de considerar que los delitos cometidos por terroristas fueron crímenes de lesa humanidad. Su interpretación, que explicitó en la resolución 158/07 y que coincide con la que hizo la Corte en los casos Simón y Lariz Iriondo, sostiene que sólo pueden ser considerados imperdonables los delitos de los militares.

Esa posición es controvertida y, por más fundamentos jurídicos que se le busquen, choca con el sentido común.

En efecto, el doctor Emilio Cárdenas, destacado jurista y ex embajador argentino, recuerda que hay otra biblioteca. En varias notas publicadas en revistas especializadas señala que la Convención de Ginebra de 1949, que es derecho interno, castiga todos los delitos cometidos en conflictos armados contra civiles, sin importar quién sea su autor, y cita resoluciones dictadas por la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional para la ex oslavia y el Tribunal Penal Internacional.

Righi no compartiría ese criterio, pero resolvió que los fiscales, en lugar de trabarse en la discusiones prematuras de prescripción, deben investigar los crímenes y que, eventualmente, en el futuro cada imputado plantee el debate.

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