Luego de que la dirigente social ultra K Milagro Sala consiguiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera su liberación, el empresario K Lázaro Báez empezará hoy a recorrer ese camino internacional.

Su abogado Maximiliano Rusconi presentará hoy en la sede de la CIDH en Washington un pedido formal de excarcelación de su clientequien hoy cumple siete meses de prisión. Junto con su colega Alberto Bovino, entregará una “petición contra el Estado Argentino por la violación de diversos derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. A diferencia del caso de Sala, detenida por orden de la justicia de Jujuy, la preventiva de Báez fue dispuesta por la justicia federal.

En declaraciones a Clarín, Rusconi adelantó que “el principal argumento es que la detención fue ilícita porque era falso el argumento del destino incierto del avión que usó el juez para justificar la orden de captura”. Así aludió al viaje que el 5 de abril pasado emprendió Báez en uno de sus tres aviones privados desde Río Gallegos al aeropuerto de San Fernando.

“Todo el mundo sabia que el avión bajaba en San Fernando menos el juez. De hecho hay un Twitter de las 13:36 de un periodista diciendo que Báez va ser detenido cuando Báez recién se sube al avión 15:30”, agregó Rusconi. “Nunca hubo peligro de fuga y no se respetaron los standares de derechos humanos de la CIDH”, adelantó Rusconi Según los parámetros de la CIDH, si el dueño de Austral Construcciones -que recibió 2 mil millones de dólares de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- en dos años no tiene condena en un juicio oral podrá pedir su libertad. En cambio, es difícil que la CIDH formule algún reclamo en esta etapa de proceso pero todo dependerá de la reacción de la Cancillería.

La CIDH es un organismo interamericano que jugó un rol histórico durante la dictadura al realizar una visita a la Argentina en 1978 y recibir la primera lista de desaparecidos.

En fuentes de los tribunales de Comodoro Py se rechazá los planteos de Rusconi y se sostuvo que para reclamar ante la CIDH “deben haberse agotado los recursos internos y en este caso, de momento no llegaron a la Corte”.

Rusconi ya hizo varios intentos por lograr la excarcelación de su defendido pero no solo Casanello sino también la sala II de la Cámara Federal, que integran los jueces Martín Irurzún, Eduardo Farah y Horacio Cattani, los rechazaron. Este tribunal de alzada hace pocos días también rechazó, en duros términos, otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Báez, ,aunque recomendó aumentar los controles sobre su salud. Dijo, palabras más o menos, que admitir la domiciliaria implicaría riesgo de fuga. Este, junto al peligro de la obstrucción de Justicia y destrucción de pruebas, son los argumentos por los cuales los cuales dictan prisiones preventivas en estos casos de delitos contra el Estado, conocidos como delitos de guantes blancos. En cuanto a ese segundo argumento la cantidad de recusaciones y jugadas para apartar a Casanello -antes de que asumiera Rusconi la defensa- mostraron la poca disposición del socio de Cristina en someterse a la Justicia. Además, Báez ya tiene firme dos procesamientos firmes por lavado de dinero y un embargo por 800 millones de pesos. Pero su situación judicial se complicará aún más cuando la Justicia suiza envíe oficialmente un informe que ratifique la existencia de diez cuentas bancarias manejadas por él, sus hijos y su entorno. En tribunales se espera que en este caso la canciller Susana Malcorra active rápidamente a los diplomáticos argentinos que deberán dar batalla con Rusconi en la CIDH y que no llegue tarde como pasó con el caso de Milagro Sala.