La Iglesia retoma sus quejas por la postergada reforma política

El zafarrancho electoral -su adelantamiento, las candidaturas testimoniales, entre otras cosas, determinó que los obispos piden internas abiertas, más control de gastos y voto electrónico.
Será la tercera vez --¿acaso la vencida?-- que lo intentarán luego de que, en la Mesa de Diálogo que tendió el Episcopado durante la crisis de comienzos de siglo, se consensuó una serie de propuestas con vistas a la reforma. Los acuerdos fueron elevados en julio de 2002 al entonces presidente Eduardo Duhalde, quien dijo que no contaba con el apoyo de los gobernadores para propiciarla en el Congreso.

Las propuestas fueron relanzadas a mediados de 2004 durante un acto en el Cabildo de Buenos Aires, que contó con la presencia de casi todos los grandes referentes de los principales partidos, salvo Néstor Kirchner, que era presidente, pero nunca prosperó. Más aún: se retrocedió porque a fines de 2006 se sancionó una ley que eliminó las internas abiertas que habían sido sancionadas en junio de 2002, cuando arreciaban las críticas a los políticos bajo la consigna del "que se vayan todos".

Entre las propuestas, se cuentan la unificación, en un solo día de votación, de la elección de todos los cargos en el orden nacional y la ratificación de una fecha fija; la reimplantación de las internas abiertas y simultáneas para autoridades partidarias y los candidatos; fijación de un sistema de financiamiento de la política que atienda mejor los objetivos de transparencia; implementación del voto electrónico y recomendación contraria a la reelección indefinida de gobernadores e intendentes.

En la Iglesia creen que la reforma política podría llegar a tener esta vez más posibilidades que en las dos ocasiones anteriores si el oficialismo llega a perder el control en el Congreso. "Una mayor paridad de fuerzas podría facilitar un proceso de mayor democratización y transparencia", dijo una fuente eclesiástica. Hay quienes, incluso, se entusiasman con la posibilidad de que, en ese caso, se pueda avanzar en la derogación de los llamados superpoderes para mejorar la calidad institucional.

El nuevo intento de reforma política será comandado por la comisión Justicia y Paz del Episcopado, conformada por un grupo de laicos y que tiene como asesor al presidente de la Pastoral Social, el obispo de San Isidro Jorge Casaretto. Este equipo viene promoviendo hace tiempo con cámaras empresariales y centrales obreras la fijación de políticas de Estado. Recientemente, tuvo un logro: el proyecto de lucha contra las adicciones que consensuó con diversos sectores fue sancionado en el Congreso.

Por lo demás, algunos obispos aprovecharon el Tedéum del 25 de Mayo para subrayar la necesidad de la reforma política, sobre todo a partir de las alquimias políticas que lo caracterizan las próximas elecciones. El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, dijo que "en el tiempo electoral que se precipitó anticipadamente están ocurriendo algunas rarezas que rozan los límites de la legalidad (¿las candidaturas testimoniales?); una incalificable concepción de la política se pone de manifiesto en ellas". Y señaló que "desde hace años se viene auspiciando una reforma que aún se hace esperar".

En tanto, el vicepresidente primero del Episcopado y arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, al citar el documento de los obispos "Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad", señaló la importancia de avanzar en "la mejora del sistema político y la calidad democrática". Y el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, agregó que --al igual que en otros países-- se ve "un deterioro institucional que aqueja a los partidos políticos" y que favorece "el descreimiento".

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