La Iglesia presentó su propio plan de asignación universal

Es el programa Ingreso BIEN, que requiere invertir unos $ 12.900 millones
La Iglesia sumó su propuesta para garantizar una asignación universal para todos los niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Para salir de la clásica discusión sobre la cantidad de pobres y el nivel de indigencia, el Episcopado encomendó a la Comisión Nacional de Justicia y Paz la elaboración de una iniciativa para proteger los derechos básicos de la niñez.

Así, con la intención de contribuir a una igualdad de oportunidades para el desarrollo humano y mejorar el acceso de todos a la seguridad social, la Iglesia presentó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación la propuesta del Ingreso Básico para la Igualdad y la Equidad en la Niñez, que se resume en sus propias siglas: Ingreso BIEN.

Se trata de una asignación mensual de $ 180 por hijo, que se actualizaría con el sistema vigente de asignación familiar por hijo y se pagaría por medio de una tarjeta de seguro social a todos los niños, adolescentes y mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, independientemente de la condición económica, social y laboral de sus padres.

Desde la concepción

Dos meses de trabajo llevó la elaboración del plan a la Comisión de Justicia y Paz, que conduce el dirigente laico Eduardo Serantes y sigue los lineamientos del presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto.

La Iglesia procura que el beneficio llegue a todos los niños, desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Ello implica sumar unos 6 millones de niños que hoy no reciben asignación familiar.

"Sabemos que un derecho universal no soluciona totalmente el problema de la pobreza. Debe ser completado con otras políticas públicas y sostenido por el apoyo de la sociedad civil", explicó Serantes. Su puesta en marcha requerirá una inversión de $ 12.900 millones, según las cuentas de la Iglesia. Sugieren que se financie con la reasignación de los fondos destinados al los programas Familia y Jefes y Jefas de Hogar ($ 2700 millones), más otro aporte de $ 10.200 millones, equivalente al 4,4% del presupuesto nacional.

"Esta propuesta es un incentivo a la formalización del trabajo", explicaron fuentes de la Iglesia, y sostuvieron que "el beneficio no se pierde al ingresar al trabajo registrado, como ocurre hoy con muchos programas sociales".

La iniciativa está destinada a que sea analizada por el Poder Ejecutivo y a un posterior tratamiento legislativo. Pero, en términos políticos, la Iglesia reclamará una respuesta. Dentro de dos semanas -el 9 de noviembre-, el Episcopado realizará su última asamblea plenaria del año y es más que probable que los obispos analicen allí los pasos dados por el Gobierno hacia una asignación universal para todos los niños.

Comentá la nota