La iglesia correntina repudió los casos de femicidio y reclamó justicia

La iglesia correntina repudió los casos de femicidio y reclamó justicia

Ante la sucesión de femicidios y hechos que atentan contra la vida, la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de Corrientes, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz reiteró el rechazo de la Iglesia a “cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer, como obviamente lo es en los demás casos de atentado contra la dignidad en general de la persona”.

La organización eclesial reclamó a los tres poderes del Estado que hagan efectivos todos los instrumentos legales, administrativos y judiciales existentes “no solo en forma punitoria sino también, y fundamentalmente, en manera preventiva, ante indicios que son claros, determinantes, de episodios de violencia contra la mujer”. 

Tras exigir al gobierno provincial “una clara política de Estado con respecto a esta alarmante realidad de violencia contra las mujeres”, solicitó a los candidatos para las próximas elecciones legislativas y municipales en Corrientes que “la prevención y la punición de la violencia contra la mujer sea parte explícita de sus propuestas de campaña”.

La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz reconoce “la complejidad del entramado de estas situaciones de violencia, sus múltiples raíces y factores intervinientes” pero, al sumar su voz a familiares y víctimas, insiste en reclamar para que “los ciudadanos correntinos (gobernantes y gobernados), y sus organizaciones, asuman la responsabilidad de hacer realidad, cada uno desde su lugar, misión y función, lo que diferentes organizaciones sociales esgrimen como lema (y lo hagan propio): ni una mujer menos, ni una muerte más”. 

Texto del comunicado 

Ante la sucesión de femicidios y hechos que atentan contra la vida, la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de Corrientes, la Comisión de Justicia y Paz recuerda que el magisterio de la Iglesia es absolutamente explícito en su rechazo a cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer, como obviamente lo es en los demás casos de atentado contra la dignidad en general de la persona. 

Por otra parte, sostiene que la suerte de la mujer es la suerte de la humanidad entera. En su defensa todos deben sentirse solidarios. Su aportación al desarrollo humano posee un valor insustituible en toda la sociedad, como ser diferenciado y diferente del varón. 

Para garantizar esta valiosa aportación, los poderes públicos tienen especial responsabilidad en la promoción de una verdadera política social encaminada a prevenir e intervenir directamente sobre las causas de la violencia física, sexual, psicológica o moral ejercida sobre la mujer, a veces desde imaginarios culturales que no resultan en modo alguno tolerables. 

Por ello, y haciéndose eco del reclamo, el dolor y la impotencia de las familias de de mujeres que fueron calladas con su muerte, víctimas de femicidio: Sandra Silguero (44 años, B° San Benito, Corrientes Capital), María Belén Sanabria (17 años, Santa Rosa), Adriana Solange Cordobés (22 años, Ituzaingó); y de tantas potenciales victimas fatales como por ejemplo Alejandra Muñoz (26 años, San Cosme), la Comisión de Justicia y Paz: 

- Exhorta perentoriamente a los tres poderes del Estado que recuerden su compromiso con los ciudadanos y su compromiso como ciudadanos, y hagan efectivos todos los instrumentos legales, administrativos y judiciales existentes no solo en forma punitoria sino también, y fundamentalmente, en manera preventiva, ante indicios que son claros, determinantes, de episodios de violencia contra la mujer. 

Indicios como los que manifestara el papá de Adriana Solange Cordobés (22), madre de tres hijos, asesinada en Ituzaingó: "en la primera ocasión en que fue a mi casa con evidencias de golpes, mi esposa hizo una exposición y posteriormente no se siguió el caso por parte de la Policía”. Reclamó por qué “no se hizo nada antes de que fuera tarde”. “Me arrepiento de no haber hecho bien las cosas y no adelantarme” antes de que se cometiera el femicidio." 

- Urge al gobierno provincial una clara política de estado con respecto a esta alarmante realidad de violencia contra las mujeres, velando en forma efectiva por la comunicación a cada repartición correspondiente, tanto en Capital como en localidades del interior, del Protocolo de intervención y por su cumplimiento; constituyendo también sin más dilación los Equipos Multidisciplinarios previstos en la legislación vigente para la prevención y orientación en el abordaje de estas situaciones y poniendo las estructuras necesarias para la capacitación del personal que debe atender a las mujeres víctimas de violencia.

En este sentido, cabe aclarar que el mencionado Protocolo se distribuyó en Capital el 30 de marzo (al año siguiente de su promulgación); la misma “celeridad” con que, un mes después de su asesinato, recién se decidió ofrecer recompensa por el asesino de Sandra Silguero, víctima de femicidio en el Barrio San Benito de la Capital correntina. 

- Urge al Poder Judicial el arbitrio de recursos extraordinarias ante situaciones también extraordinarias, como la creación de Secretarías de violencia contra la mujer y/ o en las relaciones de familia en las diferentes oficinas judiciales y de Ministerio Público tales como juzgados de familia, correccionales, defensorías, fiscalías y toda otra dependencia donde se tramiten estas causas. 

- Urge a la sociedad toda a visualizar la gravedad de esta realidad de violencia, a hacerse una honesta autocrítica y a abrir un sincero debate. Darse los espacios para trabajarla, con la claridad del objetivo y tratando de hallar respuestas para conformar una comunidad libre del machismo, y en la cual deje de naturalizarse el maltratar y matar mujeres; donde también se acompañe a las víctimas sobrevivientes y a sus familias en forma efectiva. 

En este sentido, vale la exhortación que el Arzobispo, monseñor Andrés, hiciera hace unos días, a los políticos, refiriéndose a las cuestiones sociales; y que desde la Comisión de Justicia y Paz se lo hace extensivo a cada ciudadano: “todos debemos involucrarnos, cada uno en nuestro medio y dentro de nuestras. posibilidades”. Por eso, urge que como comunidad se despierte ante lo acuciante de ésta problemática y que cada uno se sienta “ciudadano responsable en el seno de un pueblo”, como pedía el Papa Francisco. 

- Repudia el hecho y a quienes lo realizaron, de tapar el mural en memoria de Elizabeth Verón (víctima de femicidio y cuyo asesino fuera condenado con condena ejemplar a prisión perpetua); hecho que pone de manifiesto cuando menos la intolerancia y falta de respeto cuando no la resistencia al necesario cambio de paradigmas. 

- Solicita a los candidatos en las próximas elecciones legislativas y municipales en Corrientes que la prevención y la punición de la violencia contra la mujer sea parte explícita de sus propuestas de campaña 

La Comisión de Justicia y Paz reconoce la complejidad del entramado de estas situaciones de violencia, sus múltiples raíces y factores intervinientes pero, por ello mismo, suma su voz a la de los familiares y a la de las víctimas (que además de las mujeres, son también los hijos), para que los ciudadanos correntinos (gobernantes y gobernados), y sus organizaciones, asuman la responsabilidad de hacer realidad, cada uno desde su lugar, misión y función, lo que diferentes organizaciones sociales esgrimen como lema (y lo hagan propio): NI UNA MUJER MENOS, NI UNA MUERTE MÁS.+

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