iden que la Fiscalía de Estado sea querellante en una causa de venta de 255.000 hectáreas

José Luis Rivero, jefe de división Títulos y Contratos del Instituto de Colonización, ratificó durante una visita a NORTE las denuncias que oportunamente realizara en el 2007 ante el Administrador Federal de Ingresos Públicos, en ese entonces doctor Alberto Abad, y ante el Juzgado Federal por la evasión fiscal por la venta de campos que pasaron a manos privadas por un total, presumiblemente, de 255.588 hectáreas y que tendrían un valor de 127.794.000 dólares de ese entonces.
Solicitó que la Fiscalía de Estado se convierta en querellante de las causas.

Rivero expresó que realiza la nueva denuncia al periodismo debido a que desde ese entonces, hasta el presente los fiscales aparentemente no llevaron a cabo la investigación solicitada constituyendo "un hecho grave ya que afecta a las arcas nacionales y provinciales".

Explicó que actualmente quedan 600.000 hectáreas fiscales pero que aquí se produce un desfasaje debido a que las ventas no fueron registradas en la Dirección de Catastro y, por lo tanto, la Dirección de Rentas no puede cobrar el impuesto inmobiliario rural. Catastro de acuerdo a esa metodología dice que existen 3.000.000 de hectáreas fiscales pero a pesar de los pedidos a los distintos gobiernos, esta situación aun persiste, a pesar de que también fue motivo de denuncia ante los estrados provinciales y nacionales.

Los hechos

El titular de la división Títulos y Contratos del Instituto de Colonización expuso ante la AFIP y el juzgado federal los hechos que no fueron investigados y que por primera vez los brinda a la opinión pública. Es así que relata que el proceso que realizan las partes involucradas, es decir los que compran y venden lotes fiscales, consiste en adquirir tierras públicas a bajos costos y luego sin cumplir las normativas de la materia que son la de vender a los genuinos productores por parte del Instituto de Colonización, lo venden en cifras millonarias a compradores de todo el país, no declarando estas operaciones en forma correcta, a su entender.

Califica de burda maniobra consistente entonces en adquisiciones de bajo valor y luego su posterior venta a cifras relevantes, de donde surge la incógnita de si los ingresos de estas operaciones fueron declaradas por los compradores y venderles, si los bienes fueron incorporados en los respectivos patrimonios y si las escribanías actuaron reteniendo los tributos respectos e informaron las operaciones en protección de medidas de lavado de dinero. Recordó que las operaciones fueron denunciadas en los juzgados respectivos y publicadas en los medios locales en esa fecha pero, hasta el momento, no hay ninguna resolución.

En la denuncia y a modo ilustrativo acompaña un detalle de oferta de venta de campos que fueron publicados en el mensuario Agroguía (ejemplar enviado junto a la denuncia a la AFIP) donde en junio de 2006 se ofertaba en nueve inmobiliarias de nuestra provincia 255.588 hectáreas. Explica en la presentación que haciendo un promedio de solo 500 dólares la hectárea, se tiene un valor de la venta de esos campos de 127.794.000 dólares. Dijo Rivero que a pesar de la denuncia sobre este probable fraude hasta el momento no fue investigado. Es decir, si la venta de tierras en manos de los productores podía ser vendida a sociedades anónimas. Eso está prohibido por la Constitución provincial, sostiene.

Por otra parte, explica que "cabe la reflexión de si existe en el organismo nacional local pasividad, disimulo, connivencia, inobservancia de la realidad, incapacidad o falta a los deberes de funcionario público, ante la total inacción en todo este período a pesar de que las presentaciones en los medios periodísticos gráficos fueron debidamente firmados identificando a los autores de las respectivas notas, como asimismo la debida mención de las denuncias judiciales ante los estrados judiciales y Legislativo del Chaco.

Por lo tanto solicita la inmediata intervención de todos los organismos ante la gravedad de los sucesos que siguen sin resolverse y que se inicie la investigación de una vez por todas.

También pidió que se investigue el origen de los fondos de la compra de esos campos debido a que "quedó demostrado el precio que se pagó en las distintas transacciones en folios reales y matrícula que otorga el Registro de la Propiedad del Chaco" a lo que se agrega "las compras que hicieron, por ejemplo, algunos diputados, como Carlos Urlich (adquisición de vivienda), el ex gobernador (en un campo que compró), los directores y funcionarios de las empresas provinciales, con sus fastuosas casas y propiedades en la vecina localidad de Paso de la Patria, así como vehículos y camionetas a nombre de hijos, sobrinos o familiares".

En su visita a NORTE, donde exhibió las denuncias a nivel nacional y documentación que respaldan sus declaraciones, dijo que "las denuncias no tienen carácter electoral. Fueron realizadas a nivel nacional y asimismo ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y que la causa se encuentra en la Fiscalía Nº 3 de nuestra provincia donde quedó claramente demostrado que hubo dolo al Estado y pérdida del patrimonio provincial" por lo tanto solicita que "el fiscal se constituya como querellante de la causa", terminó diciendo.

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