Comenzando con los impuestos nacionales, en el caso del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas, si bien se presentaron algunas correcciones con la Ley 27.346, resultan insuficientes. Como aspectos básicos, debe permitirse la deducción de los concubinos y/ convivientes y de las personas por nacer como cargas de familia; también deben ser deducibles los gastos en educación y en salud no cubiertos por el sistema, dentro de parámetros razonables (la situación actual no es razonable para un asalariado). Un aspecto que ha sido desatendido es la carga fiscal de los autónomos: por una misma actividad, su nivel de imposición es mucho mayor que el de un empleado, lo cual atenta contra el principio básico de capacidad contributiva.

En lo que respecta al impuesto a las ganancias de las sociedades, resulta imperioso que se contemple fiscalmente el flagelo de la inflación, el cual impacta sobre los costos de un ejercicio económico, sobre las amortizaciones que se computan y sobre los bienes de uso que se reemplazan, dando lugar a ganancias ficticias. El impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias debe ser modificado, es muy distorsivo y desalentar la bancarización de la economía. Una propuesta moderada consiste en ampliar su margen de cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Otro gravamen distorsivo es el impuesto sobre los bienes personales que debe atender al patrimonio, activo menos pasivo.

A nivel subnacional, uno de los aspectos relevantes que deberá ser analizado se vincula con los impuestos provinciales y municipales, que obviamente es resistido por los gobernadores, que inciden de manera significativa tanto en el financiamiento empresario como en el costo de los bienes destinados tanto al consumo como a la exportación. La tributación local se ha “desbocado”. La reforma constitucional dejó un mandato sobre la Coparticipación federal que al día de hoy no se ha cumplido. Esta es una necesidad urgente de atender.

Los tributos son un recurso estatal para solventar necesidades públicas, pero no puede dejar de señalarse al gasto público, el cual también debe ser atendido con responsabilidad. Entonces, también debe pensarse en la responsabilidad fiscal, en no gastar más de lo que ingresa por recaudación o en poner un límite al gasto con respecto a ese parámetro. En otras palabras, corresponde distinguir entre “gasto público” y “derroche público”.

Un recurso poco explotado es el de los impuestos ambientales. La tributación puede tener un uso extrafiscal, con miras a desalentar actividades nocivas. Bajo esta óptica, toda actividad que cause un determinado nivel de contaminación podría ser objeto de otro tipo de impuestos. A su vez, las actividades que no contaminen pueden ser beneficiadas impositivamente, de forma tal de atraer nuevas inversiones sin perjudicar al país y a su población.