La idea errónea que alimenta a la inseguridad

Por Mariano Grondona

Sean políticos o empresarios, los hombres prácticos sienten la tentación de subestimar el papel de las ideas. Pero lord Keynes ya advirtió que "los hombres prácticos tienden a olvidar que han sido influidos por las ideas de algún economista difunto". Aunque sean sutiles o ignoradas, las ideas cuentan . De ahí que, cuando estamos examinando un problema agudo y urgente, conviene preguntarse antes que nada por las ideas que lo han venido alimentando. Esto se aplica particularmente ante el gravísimo problema de la inseguridad que hoy padecemos los argentinos. Cada vez que los delincuentes matan a un policía o a un ciudadano común, como ocurre con alarmante frecuencia en estos días, no basta aludir con lujo de detalles al horror del hecho. Hay que preguntarse, además, por las ideas que lo han cobijado.

Las ideas pueden ser acertadas o erróneas. Lo que está en la base del auge actual de la delincuencia es una idea errónea acerca del papel del Estado. El Estado nació cuando la venganza privada fue sustituida por la potestad de un juez imparcial. Cuando el pretor, el primer juez de la historia occidental, empezó a actuar en la antigua Roma, con él surgió el Estado. Desde el momento en que sustituyó a los particulares en la lucha contra la delincuencia, el Estado quedó a cargo del servicio esencial de la seguridad, cuya vigencia inauguró la primacía de la civilización sobre la barbarie.

Por eso, Adam Smith pudo definir la justicia diciendo que "se acerca a la venganza solamente en la medida en que resulte aceptable para un tercero imparcial". El Estado es, para decirlo con palabras de Max Weber, "la agencia que tiene el monopolio de la coacción legal dentro de un territorio determinado". Pero el gobierno de Néstor Kirchner ha partido desde 2003 de una idea errónea acerca del papel del Estado. No debería asombrarnos entonces que el inquietante auge de la delincuencia haya sitiado a los argentinos durante estos últimos años.

Los derechos humanos...

Con el bienvenido crecimiento de la democracia en el mundo de nuestros días, también se ha ampliado la aceptación universal de los derechos humanos, cuya principal aplicación en el campo del derecho penal es que todo acusado por el delito que fuera tiene el derecho de defenderse ante un juez imparcial. A los defensores a ultranza de este derecho se los llama garantistas. Pero el garantismo ha sido desafiado en nuestros tribunales por otra corriente, el abolicionismo , que pretende sustituir el tradicional enfoque del derecho penal por la peregrina idea de que muchas veces los victimarios son en realidad las víctimas de un injusto orden social que los ha arrojado a la marginalidad.

Y así resulta de esta errónea interpretación que, cuando un delincuente asalta a un ciudadano, se lo considera no sólo el "victimario" de ese ciudadano sino también la "víctima" de la injusticia social, lo cual podría llevar a suponer que la propia víctima de la agresión es de manera indirecta un "victimario" por pertenecer a un orden injusto y que el ataque que sufre desde las sombras es un castigo en cierta forma justificado. Los abolicionistas, cuya gravitación en el Gobierno y hasta en la propia Corte Suprema no podría negarse, no se han animado hasta ahora a proclamar abiertamente esta grave distorsión del derecho penal, pero no por eso su influencia ha sido ajena al escándalo que hasta notorias figuras de la televisión han reflejado críticamente en estos días al subrayar el hecho por todos conocido de que, mientras las víctimas de los delincuentes aumentan cada día, con frecuencia sus agresores "entran por una puerta de la cárcel y salen por la otra", envolviendo a los ciudadanos en el angustioso clima de la impunidad. Los ciudadanos, como consecuencia, viven detrás de las rejas que ellos mismos se han forjado mientras las pocas cárceles que ha construido el Gobierno no alcanzarían, aun si los delincuentes fueran realmente condenados, para contenerlos. Los ciudadanos cercados y los delincuentes libres: ésta es la perturbadora imagen que hoy alimenta la indignación de los argentinos.

...¿no son universales?

Esta aberración del derecho penal y hasta del sentido común se ha desarrollado entre nosotros en contradicción con la consolidación de la jurisprudencia de la nueva Corte Penal Internacional donde actúa Luis Moreno Ocampo, según la cual cometen delitos contra los derechos humanos no sólo actores estatales sino también organizaciones terroristas "privadas", como la que apoyó los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel. Pero nuestra Corte aplicó hace poco la doctrina inversa al liberar a un terrorista de ETA, negándole la extradición al Estado español que la requería y siguiendo así la doctrina ya vetusta de que sólo los miembros del Estado pueden incurrir en delitos de lesa humanidad.

Lo que ocurre es que tanto el Gobierno como los abolicionistas, al no aplicar la doctrina de los derechos humanos según el derecho internacional vigente sino a partir de su propia ideología, la han reducido, la han "achicado", por dirigirla principalmente contra sus propios enemigos ideológicos, los militares y los policías de los años setenta.

La idea errónea del Gobierno acerca del papel del Estado frente al delito lo lleva a un doble reduccionismo de la doctrina universal de los derechos humanos. Primero, a un reduccionismo "temporal" porque más que nada parece importarle lo que aquí pasó hace 30 años. Y segundo, a un reduccionismo "unilateral" en cuanto al castigo que merecen los autores de esas violaciones porque, en tanto muchos uniformados de aquellos tiempos están en cárceles como la de Marcos Paz desde hace años sin condena judicial y en condiciones que a veces ni respetan el arresto domiciliario al que tienen derecho por sobrepasar los 70 años, los autores de hechos igualmente aberrantes del terrorismo subversivo están libres, indemnizados y ocupan además posiciones encumbradas dentro del propio Gobierno.

La aplicación de nuestra ley no es pareja. Unos son castigados más allá de las garantías que deberían procurarles los jueces, en tanto otros son exaltados a pesar de lo que hicieron. Si la aplicación de nuestra ley fuera pareja y superior a la venganza, como quería Adam Smith, entonces los responsables por las aberraciones de los años 70 habrían sido todos procesados o estarían todos libres. Como lo han demostrado ejemplos recientes de países tan distantes entre ellos como la República Sudafricana y nuestro vecino Uruguay, la salida en estos dramáticos casos suele ser una amnistía general, pero cuando ella no se dispone, la imparcialidad de la justicia requeriría que si sus autores no van a estar todos libres, entonces deberían haber sido todos procesados o condenados.

El caso particular de la discriminación contra la fuerza policial trae consigo su propio agravante. Un Estado que discrimina a su propia policía, ¿qué puede esperar de ella? En cualquier país bien ordenado, la policía es una herramienta mayor del Estado en la lucha contra la delincuencia. ¿Tiene que asombrarnos entonces que, en lugar de una policía respetada por ese Estado al que ha de servir, que debe exigirle el cumplimiento estricto de la ley pero que también debe ofrecerle condiciones dignas para su labor, lo que vemos sea un cuerpo desmoralizado, peligrosamente tentado por la corrupción que también afecta al Gobierno, entre cuyos integrantes sobresalen, sin embargo, heroicos policías que la sociedad, más ecuánime que nuestros gobernantes, ha sabido honrar?

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