Humo en el Congreso.

Humo en el Congreso.
La Justicia investiga si las tabacaleras Massalin Particulares y Nobleza Piccardo coimearon a legisladores y funcionarios del gobierno nacional para poder estafar al fisco en millones de dólares.
La Justicia activó esta semana una investigación para determinar si existe una “relación espuria” entre el gobierno nacional, Massalin Particulares y Nobleza Piccardo. La pesquisa busca establecer si un grupo de funcionarios públicos y legisladores nacionales incurrieron en los delitos de “incumplimiento de deberes” y “cohecho” para facilitarles a las tabacaleras una evasión millonaria de impuestos.

La investigación responde a una denuncia que en diciembre presentó el abogado Ricardo Monner Sans y que reprodujo en exclusiva Crítica de la Argentina. El titular de la Asociación Civil Anticorrupción ratificó la denuncia en enero ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esta última semana el magistrado, quien subroga en el Juzgado Federal No 2, le dio vista al fiscal Jorge Di Lello.

Massalin Particulares es la versión local de Philip Morris. Nobleza Piccardo es la filial argentina del grupo inglés Bat. Ambas concentran más del 97% de la oferta en el mercado del tabaco. Son, por definición, oligopólicas. Para Monner Sans, el gobierno kirchnerista incurrió con ellas en el “capitalismo de amigos”.

La denuncia, que curiosamente no tuvo eco en los principales medios del país –lo que traslada las sospechas de la Justicia más allá de la clase política– plantea:

• Que el Ministerio de Economía, la AFIP y la Secretaría de Agricultura tuvieron “actitudes complacientes” hacia Massalin Particulares y Nobleza Piccardo en materia de recaudación impositiva. La Justicia hizo esta última semana requerimientos al Palacio de Hacienda para que especifique las características de la política tributaria.

• Que existieron tres decretos (el 294, 295 y 296, todos del año 2004) que convalidaron un particular acuerdo de recaudación con la Cámara Industrial del Tabaco, que se compone exclusivamente por las dos empresas aludidas. Esos tres decretos luego fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

• Que, a pesar de los beneficios, ese acuerdo de recaudación no fue cumplido. Esto es que las empresas multinacionales no aportaron los 4.200 millones de pesos comprometidos y que, sin embargo, no fueron sancionadas.

• Que hubo “connivencia” entre los inspectores y las tabacaleras. Según Monner Sans “el personal de la AFIP recibía clases de fiscalización en el domicilio de las propias empresas que tenían que fiscalizar”. Días atrás, la Justicia solicitó al ente recaudador que informe “dónde se dan o se han dado las clases de inspección a los empleados encargados de inspeccionar los establecimientos vinculados con el tabaco”.

• Que hubo una llamativa celeridad en ambas cámaras del Congreso Nacional por aprobar, en apenas una semana, el proyecto sobre el tabaco del Ejecutivo. Para Monner Sans ese proyecto –de “medidas económicas para desalentar el consumo de tabaco”– genera un “precio mínimo” por arriba del cual “las empresas tienen libertad de acción con lesión del fisco”.

• Que en el proyecto oficial desapareció la distinción que se hacía entre los derivados del tabaco, que no son producidos por las multinacionales, y el tabaco. “¿Para encarecer el ‘no cigarrillo’ beneficiando a las dos tabacaleras que no fabrican otros derivados del tabaco?”, se preguntó Monner Sans en el escrito elevado al juez.

• Que los legisladores no impulsaron en el Congreso normas de protección de la salud en relación al tabaco pero sí sancionaron normas que contemplan las aspiraciones de las empresas del sector, copiando otras vigentes en países donde las lobbistas son las mismas compañías. “Hay que recordar que la Argentina no ha adherido a las pautas internacionales fijadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia del consumo de tabaco”, destaca el escrito.

• Que la complicidad de los funcionarios argentinos pudo ocurrir por acción u omisión, sin descartar que a cambio de las facilidades se hayan percibidos coimas u otro tipo de beneficios económicos.

Monner Sans aportó también una reseña de acciones judiciales que fueron presentadas en otras partes del mundo. Así, señala que “la fiscalía de Milán se atrevió a acusar a la empresa tabacalera que es la mayor del mundo. De origen norteamericano, efectivamente, Philip Morris ha sido investigada en Italia por evasión en el pago de impuestos a las sociedades”.

El texto sigue el recorrido por Europa. “En España la Fiscalía Anticorrupción se atrevió a vincular a las multinacionales estadounidenses Philip Morris y Reynolds con el contrabando de tabaco.” Y señala que la Comisión Europea “ha acusado a las tabacaleras de fijar los precios y de organizar directamente las redes de contrabando de tabaco. La Unión Europea asegura que Philip Morris destruyó cientos de documentos que la relacionaban con el tráfico ilegal de cigarrillos”.

Por último, aporta la publicación “Caminos ilegales hacia beneficios ilegales”, de una organización con sede en Washington, que explica la relación entre las tabacaleras y el contrabando internacional. “En determinadas ocasiones las tabacaleras se autocontrabandean cuando así les conviene. Uno de cada tres cigarrillos que se exportan en el mundo es de origen ilegal. Cuatrocientos mil millones de cigarrillos de contrabando por año.”

Según Monner Sans, las tabacaleras operan con la misma modalidad en todo el mundo: fijan precios y contrabandean con la complicidad de los gobernantes de turno, de tal forma de sacar el mayor jugo a un negocio millonario.

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