Huelgas y responsabilidad oficial

Por: José Armando Caro Figueroa

EX MINISTRO DE TRABAJO DE LA NACION

El Gobierno tiene culpa en los recientes conflictos. Por negar una inscripción sindical que está indicada en la Constitución y por haber respaldado el desmantelamiento de reglas que definen el ejercicio razonable del derecho de huelga.

A raíz de acciones de protesta que dañan grandemente a los ciudadanos, la Presidenta de la Nación ha dicho que es partidaria de mantener el orden pero sin recurrir a los palos. Esta frase no refleja lealmente la responsabilidad que cabe a su Gobierno en muchos de los conflictos; al menos en aquellos que tienen naturaleza sindical.

Hasta hace algún tiempo, hablar de libertad y democracia sindicales era asunto propio de "intelectuales europeizados", cuando no de "neoliberales empecinados en debilitar a la clase obrera". Afortunadamente para la república, esas banderas están siendo enarboladas hoy por un creciente número de trabajadores, como lo acreditan las acciones de la CTA y las movilizaciones en Metrovías, Kraft y El Tabacal.

Asistimos a un giro respecto de la historia reciente de la conflictividad laboral en la Argentina, centrada en los salarios. Esta incorporación de la defensa de las libertades fundamentales como objeto de la acción sindical es (o debería ser) una buena noticia para los demócratas.

Centrándome en la huelga de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, diré que buena parte de la responsabilidad en el enconamiento del conflicto hay que atribuirla al Ministerio de Trabajo que se obstina en incumplir la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, desoyendo a nuestra Suprema Corte.

Nadie ignora que tal empecinamiento está vinculado a los compromisos políticos que ligan al Gobierno con la CGT oficialista liderada por Hugo Moyano, inaceptables en un Estado de derecho donde incluso los acuerdos corporativos han de subordinarse a la Constitución. Adviértase además el extremismo del sindicalismo oficial que resiste la "simple inscripción" de organizaciones que no le son afines, a sabiendas de que la vigente ley (en normas también inconstitucionales) cierra el paso a quienquiera se proponga competir con el sindicato con "personería gremial".

Tildar de izquierdistas a los trabajadores que buscan organizarse saltándose los estrechos márgenes del monopolio sindical ignora que en el mundo desarrollado gran parte de los sindicatos son de izquierda. Tan ridícula acusación recrea una vieja maniobra de las épocas más tristes de nuestra historia, fruto de conocidos pactos negros entre los viejos sindicalistas con los empresarios desde siempre adscriptos al poder.

Todo parece indicar que en la opinión pública se abre paso la idea de que es preciso respetar la Constitución y dejar que los trabajadores se organicen sin tutelas ni cortapisas estatales.

Sin embargo, esa misma opinión pública rechaza modalidades de huelga que considera, con razón, abusivas; tales las llevadas a cabo sin preaviso, por períodos prolongados, con ocupación de centros de trabajo o de lugares públicos, sin garantizar los servicios mínimos en sectores esenciales para la vida en común, o muchas veces violentando la correlativa libertad de trabajar que ampara a quienes deciden no acompañar las medidas de fuerza.

En estas prácticas abusivas hay mucha responsabilidad de los propios trabajadores, que no encuentran los caminos para hacer compatibles sus derechos con otros de igual o superior rango constitucional. Pero no es razonable olvidar la cuota que cabe a ciertos empresarios reacios a negociar con sus trabajadores. Ni la que cabe a quienes en 2004 decidieron aprobar el artículo 24 de la Ley 25.877 liberalizando hasta extremos imprudentes el ejercicio del derecho de huelga.

Dicho de otro modo: las huelgas abusivas se producen al amparo de una legislación que permite tales desbordes, privando al Estado democrático y a la sociedad de imprescindibles herramientas para regular y encauzar los conflictos, sobre todo cuando estos afectan los servicios esenciales.

Pienso que el legislador pecó de ingenuidad (o concedió demasiado al sindicalismo peronista) cuando restringió la condición de esenciales a los servicios de salud, agua, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo.

Al parecer, el ministro de Trabajo, ante la intensidad de la huelga en los subterráneos de Buenos Aires, estaría meditando ampliar aquella lista exigua e imprudente. Ojalá pudiera concretar esta iniciativa.

En resumen: en los recientes conflictos laborales, el Gobierno de la presidenta Kirchner tiene una doble e inocultable responsabilidad. La primera, por negar una inscripción registral que está mandada por la Constitución. La segunda, por haber prohijado el desmantelamiento de las reglas que definen el ejercicio razonable del derecho de huelga.

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