Huelga de hambre de estudiantes en Caracas

Los estudiantes en huelga de hambre frente a la oficina de la Organización de los Estados Americanos en Caracas, para denunciar lo que perciben como una persecución política del presidente Hugo Chávez, sumaban más de 50 el fin de semana, afirmaron ayer los organizadores de la protesta. Al menos una treintena de estudiantes se sumaron el fin de semana al ayuno de protesta, dijo el estudiante y activista José Luis Febres.
Los alumnos comenzaron la huelga de hambre hace una semana para instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que investigue los presuntos abusos de las garantías individuales por parte del gobierno de Chávez. Los manifestantes afirman que decenas de opositores están en la mira del gobierno de Chávez, con la supuesta intención de acusarlos y encarcelarlos para procesarlos por lo que consideran falsos motivos políticos.

"No estamos pidiendo lo imposible'', dijo Febres a Unión Radio. Llamó a la comisión de derechos humanos de la OEA para que "analice y vea la realidad de los casos'' de las violaciones a las garantías atribuidas al gobierno de Chávez.

Febres citó las acusaciones contra Julio Rivas, el líder estudiantil detenido a principios de mes y acusado de "incitar guerra civil'' y al "desorden público''. Los cargos fueron por la participación del estudiante en una protesta opositora que se tornó violenta. Unos 40 opositores de Chávez permanecen en prisión y la mayoría espera juicio por acusaciones relacionadas con protestas, según el grupo de derechos humanos Foro Penal Venezolano.

La fiscal general Luisa Ortega niega que las autoridades persigan a opositores de Chávez y afirma que los detenidos cometieron delitos como perturbar la paz o atacar a policías.

El Foro, un grupo de derechos humanos local, dijo la semana pasada que más de 2.000 opositores a Chávez han sido enjuiciados en los últimos siete años por crímenes relacionados con su participación en protestas. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, también hizo una huelgade hambre frente a las oficinas de la OEA, que finalizó a los cinco días, cuando el secretario general José Miguel Insulza aceptó reunirse con líderes opositores.

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