"Hubo una participación manifiesta"

El intendente Del Castillo dijo que los loncos apoyaron la municipalización de Pehuenia.

Lo hizo ayer durante la audiencia pública convocada por el Tribunal Superior de Justicia.

Neuquén > La inédita instancia de la audiencia pública convocada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el caso de la municipalización de Villa Pehuenia, se concretó ayer después de seis años de iniciada la denuncia por parte de la Confederación Mapuche.

Luego de escuchar a las partes, los seis Amigos del Tribunal y el invitado especial, los cinco jueces tienen 40 días para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por las comunidades indígenas afectadas por el ejido municipal de Villa Pehuenia, Moquehue y Lonco Luán.

Con un vallado policial que aisló la sede del Colegio de Abogados tres cuadras a la redonda y una estricta medida de seguridad para el ingreso, comenzó ayer a las 10 la primera audiencia pública que convocó el TSJ neuquino para abrir el debate a la sociedad en la instancia de los alegatos de la polémica causa.

El tribunal está conformado por los vocales Oscar Massei, Guillermo Labate y Ricardo Kohon, el vocal subrogante Tomás Gavernet y el conjuez Ricardo Rodríguez Bello. El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y las representantes de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue no asistieron a la audiencia.

Participación manifiesta

El último orador fue Mauro del Castillo, intendente de Villa Pehuenia, invitado por el Tribunal, quien subió el tono de la polémica en la audiencia que se desarrolló con normalidad. "Se han dicho muchas mentiras acá con el objetivo de asustarnos y hacernos sentir culpables y autores de un delito difícil de subsanar", dijo al comenzar su alocución.

El intendente basó su discurso en demostrar que las comunidades denunciantes -Catalán, Puel y Plácido Puel- fueron participantes activos del proceso de municipalización de Villa Pehuenia.

"Los tres loncos de la comunidad participaron activamente del proceso, todos estuvieron en las listas de las internas del MPN y en las dos elecciones a intendente", dijo Del Castillo.

"La participación de los loncos de estas comunidades no sólo es evidente sino manifiesta", señaló Del Castillo luego de leer una nota que envió Manuel Calfuqueo, cacique en ese momento, al ex presidente del MPN Jorge Sobisch donde le manifestaba que su comunidad le daba la mayoría de los votos en la elección y le solicitaba mayor participación en la lista.

El abogado de la Confederación Mapuche, Juan Manuel Salgado, subrayó en su exposición "el nivel de ilegalidad del Estado Provincial de haber creado un municipio quebrantando normativas internacionales" que obligan al Estado a realizar una consulta previa a los comunidades indígenas.

Además, señaló la ilegalidad de "haber mantenido un municipio funcionando por 6 años y entregado tierras que corresponden a comunidades indígenas sin haber hecho cumplir la ley nacional del relevamiento al que la Provincia se niega a participar".

En su discurso señaló que la única salida es derogar la ley que crea el municipio, hacer la consulta previa y volver a conformar una comuna con interculturalidad donde se respeten las culturas ancestrales.

Al igual que Salgado, la oradora en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Silvia Zimerman; la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile; el representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Pablo Tomasini, María Monserrat Suárez Amieva por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), y Martín Gottle en representación del Obispado de la Iglesia Católica, basaron sus posturas a favor de las comunidades mapuches en el artículo 19 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al cual el Estado Nacional adhirió.

El representante del Obispado, Gottle, señaló como una necesidad la consulta a las comunidades originarias. "Las consultas previas a la que los Estados deben someterse tiene que respetar la cultura de cada pueblo y las modalidades de decisión, en caso contrario la consulta no es válida", dijo. Además, señaló que debe ser vinculante y con el fin de crear un Estado distinto.

En tanto, desde el INAI, Tomasini señaló que "no es responsabilidad de los vecinos de la localidad, ni de las autoridades de Villa Pehuenia sino de los legisladores que votaron la Ley Nº 2.439 y del Ejecutivo que realizó el decreto 02/2004 sin la consulta previa y son ellos quienes deben ver cómo se subsana la situación".

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