Hubo paro docente y floja movilización: la enmienda no se trató

A pesar de las distintas conversaciones que se fueron dando durante las últimas horas, los diputados chaqueños no encontraron consensos para adelantar el tratamiento de la enmienda del artículo 75 de la Constitución provincial que garantice derechos previsionales a los trabajadores estatales, por esta razón el tema mantiene la preferencia para la semana que viene.
De todas maneras, ante la posibilidad de manifestaciones de los gremios, se montó un importante operativo de seguridad y el vallado en torno al edificio legislativo como una manera de prevención, que finalmente resultó excesivo ante la presencia de un pequeño grupo de personas expresándose.

Las bancas vacías por ausencias de legisladores fueron la evidencia de que el acuerdo por la enmienda no era posible, ya que se necesita contar con el respaldo de todo el Cuerpo para que se produzca; el justicialismo garantizó la presencia de todos sus miembros, pero ausencias de aliancistas (Luis Verdún y José De Bórtoli) frustró la posibilidad de dar análisis a un tema que fue el eje central del debate durante la última campaña electoral.

La manifestación masiva de los trabajadores estatales quedó frenada luego de que se conociera que algunos legisladores no tomarían parte de la sesión, de todas maneras el sector docente llevó adelante el paro de 24 horas y preparan la marcha para la semana que viene (4 de noviembre), fecha puesta por los bloques para discutir en el recinto la propuesta.

Cabe recordar que el gobierno provincial junto al bloque oficialista y los sindicatos estatales acordaron un texto de enmienda la semana pasada, el cual esperaban sea aprobado con celeridad, sin embargo no encontraron eco de la oposición quienes han manifestado diferencias con uno de los artículos incorporados al dictamen.

Con este panorama, los legisladores llevaron adelante una nueva sesión ordinaria donde los puntos que aparecían en segundo plano pasaron a ser relevantes a la hora de tener discusión en el recinto y sorpresivamente los diputados dieron discusión y aprobación al proyecto de ley de acceso a la información pública el cual se encuentra en estudio en la Legislatura desde hace más de una década y al que se le fueron agregando durante todo este tiempo varias propuestas.

La diputada del ARI, Alicia Terada solicitó la alteración del orden del día para poder abordar la iniciativa, resaltando que esta propuesta lo que hace es garantizar los derechos constitucionales establecidos en los artículos 14 y 18 que refieren al derecho a la información. "Se han aunado todos los proyectos existentes pero fundamentalmente el del diputado Hugo Maldonado que fue el primero en presentarse y el del ARI el último. Esto es un paso adelante".

La legisladora aliancista Elba Altamiranda manifestó que "esta ley va a contribuir al fortalecimiento de la democracia y genera un instrumento que sirva al derecho de los ciudadanos a estar informado".

A su turno Maldonado recordó que el proyecto lo presentó el 27 de mayo de 1999 en el transcurso de su primer mandato como diputado y que a nivel país fue el tercer proyecto, después de ciudad de Buenos Aires y Río Negro. "Lamentablemente pasaron muchos años y no vimos tratamiento, pero felizmente esta tarde vamos a sancionar esta ley". También hizo saber que entre las iniciativas hubo dos propuestas de ex legisladores justicialistas Julio Sotelo y el actual vicegobernador Juan Carlos Bacilleff Ivanoff y la última propuesta fue la de Alicia Terada. "De todos los sectores se consensuó un proyecto convencidos que estamos consagrando el derecho a la información a través de una ley de acceso. Permite a la gente acceder a la información y pone un freno a la corrupción".

De la iniciativa, solamente el artículo sobre la autoridad de aplicación no salió con el voto de todos los bloques, ya que el justicialismo no estuvo de acuerdo en que sea la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero el resto del texto salió tal cual se acordó en comisiones.

El punto más importante de la norma es el artículo primero en el que fija que "toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho de conformidad con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar acceder y recibir información gratuita, completa, veraz, adecuada y oportuna de los poderes, empresas y organismos que componen el sector público provincial y de los municipios de la provincia".

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